Pena capital en Japón


Pena capital en Japón

Pena capital en Japón

La pena capital es legal en Japón. Los únicos delitos en los que la pena capital es legal son el homicidio y traición. Entre 1946 y 1993, los tribunales japoneses han condenados a muerte a 766 personas (incluyendo un pequeño número de chinos, surcoreanos y malayos), 608 de los cuales fueron ejecutados. La pena de muerte se establece normalmente en los casos de asesinatos múltiples con factores agravantes

Contenido

Sistema

Aplazamiento de la ejecución

Según el artículo 475 del «Código de Procedimiento Penal japonés, la pena de muerte debe ser ejecutado dentro de los seis meses después del fracaso de la última apelación del preso. Sin embargo, el período que solicita un nuevo juicio o el indulto está exento de este Reglamento. Por lo tanto, en la práctica, la estancia típica en el corredor de la muerte es de entre cinco y siete años. Para algunos, la estancia ha sido de más de 30 años (Sadamichi Hirasawa murió de causas naturales a la edad de 95 años, después de la espera de ejecución durante 32 años).

Proceso de aprobación

Tras el fracaso de la apelación final de proceso a la Corte Suprema, los registros de todo el juicio se enviarán a la oficina de la fiscalía. Con base en estos registros, el fiscal jefe de la oficina de la fiscalía compila un informe al Ministro de Justicia. Este informe es examinado por el oficial de la Oficina de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia la posibilidad de indulto y / o nuevo juicio, así como los posibles problemas legales que exigen un examen antes de la ejecución sea aprobada. Este oficial es por lo general de la oficina de los fiscales. Una vez satisfecho, el oficial escribirá una propuesta de ejecución, que tiene que pasar por el proceso de aprobación de la Oficina de Investigación Criminal, la Oficina de Libertad Condicional y Corrección de la Mesa. Si el condenado demuestra estar mentalmente incapacitado durante este proceso, la propuesta es devuelta a la Oficina de Investigación Criminal. La aprobación final está firmada por el Ministro de Justicia. Una vez firmada la aprobación final, la ejecución se llevará a cabo dentro de una semana. Por el Reglamento de la sección del código penal 71, inciso 2, la ejecución no puede tener lugar en un día festivo, sábado, domingo, o entre el 31 de diciembre y 2 de enero. La fecha de ejecución se mantiene en secreto, incluso a la familia de los condenados y la familia de la víctima.

Corredor de la muerte

Los condenados a muerte se encuentran dentro de los centros de detención de Sapporo, Sendai, Tokio, Nagoya, Osaka, Hiroshima y Fukuoka (Takamatsu es la 8ª ciudad con sede del Tribunal Supremo, pero por razones inexplicables el Centro de Detención Takamatsu no está equipado con una cámara de ejecución. Por consiguiente, las ejecuciones administrado por el Tribunal Superior de Takamatsu se llevan a cabo en el centro de detención de Osaka). Debido a que están en espera de ejecución, los condenados a muerte no están clasificados como prisioneros por el sistema judicial japonés. Los reclusos carecen de muchos de los derechos reconocidos a otros prisioneros japoneses. Se les mantiene bajo régimen de incomunicación y se les prohíbe la comunicación con sus semejantes. Se les permite dos períodos de ejercicio a la semana. No se les permite televisores y sólo puede poseer tres libros. Las visitas tanto por familiares como por representantes legales, son poco frecuentes y supervisadas de cerca.

Ejecución

Las ejecuciones se llevan a cabo en la horca en una cámara de la muerte en el Centro de Detención. Cuando una orden de muerte se ha emitido, el condenado es informado en la mañana de su ejecución. A los condenados se da la elección de la última comida. La familia del preso y los representantes legales no son informados hasta después. Desde el 7 de diciembre 2007, las autoridades han publicado los nombres, naturaleza de la delincuencia y las edades de los presos ejecutados. A finales de enero de 2009, había 95 personas en espera de ejecución en Japón.

Pena de muerte en menores

Tras la firma tanto de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe las ejecuciones por delitos cometidos por menores de 18 años, Japón establece la edad mínima para la pena capital en 18 años. Aunque la pena de muerte para los menores (definidos en Japón como los menores de 20 años de edad) son raros, los que cometen crímenes capitales a la edad de 18 o 19 puede ser legalmente condenados a muerte.

Nueve delincuentes juveniles han sido sentenciados a muerte desde 1966, siete de ellos fueron ejecutados.

La más reciente sentencia de muerte de menores fue aprobada por el Tribunal Superior de Hiroshima el 22 de abril de 2008. El acusado, Takayuki Fukuda un mes después de cumplir los 18 años violó y mató a una madre, y asesinó a su bebé. Él puso un recurso ante el Tribunal Supremo y está esperando la sentencia final y definitiva.

Debate público

La pena de muerte es ampliamente apoyada por el público japonés - un estudio de 1999 del gobierno encontró que 79,3 por ciento de la población lo apoya. En 34 encuestas realizadas entre 1953 y 1999, el apoyo a la pena de muerte nunca ha caído por debajo del 50 por ciento. En un ensayo de 2003, un fiscal de Tokio presentó a la Corte una petición con 76.000 firmas como parte de un caso con sentencia de muerte.

Entre 1989 y 1993, cuatro de los sucesivos ministros de Justicia se negó a autorizar las ejecuciones. Hasta entonces, los grupos de campaña para poner fin a la pena capital eran marginales, pero que se unieron en una organización llamada Foro 90. A diferencia de los EE.UU., donde el gobernador de un estado puede emitir un perdón por cualquier crimen de Estado y el presidente puede perdonar un delito federal, en Japón, el Ministro de Justicia tiene que firmar sentencias de muerte. No es raro que un ministro de Justicia no firme órdenes de ejecución, por convicciones políticas o religiosas, otros por antipatía personal a la firma de sentencias de muerte. Esto ha provocado cierto debate en Japón, algunos han acusado a los ministros de Justicia de descuidar su función pública. Por ejemplo, Seiken Sugiura, ministro de Justicia entre octubre de 2005 y septiembre de 2006, y seguidor de la Pureland Buddhism, declaró públicamente el 31 de octubre de 2005 que no iba a firmar órdenes de ejecución. Dijo que "Desde el punto de vista de la teoría de las civilizaciones, creo que la tendencia general desde una perspectiva a largo plazo será el de avanzar hacia la abolición." Unas horas más tarde, se retractó de la declaración, diciendo que representaba su "sentimientos como individuo y (el comentario) no se hizo en relación con las obligaciones y responsabilidades de un ministro de Justicia, que debe supervisar el sistema jurídico". Sin embargo, nunca estuvo de acuerdo en las ejecuciones como Ministro de Justicia.

Apoyo

Los partidarios dicen que la pena capital se aplica con poca frecuencia y sólo a aquellos que hayan cometido los crímenes más graves. En el debate de 1956, el asesino en serie Genzo Kurita, que también llevó a cabo violaciones y necrofilia, fue citado por la Dieta como un ejemplo de un asesino extraño. Sin embargo, el escaso número de ejecuciones es debido a la rareza de los crímenes extremos en la sociedad japonesa y no a causa de una falta de voluntad de las autoridades para llevar a cabo las ejecuciones.

Desde que se reanudaron las ejecuciones en 1993, ha habido un aumento de delincuencia en la calle durante la década de 1990. Se han endurecido las actitudes entre el público y la judicatura. Desde 1999, ha habido una serie de casos en los que los delincuentes condenados a prisión perpetua se les ha dado la pena de muerte después de que la fiscalía apelara con éxito a los tribunales superiores. El 18 de marzo de 2009, un tribunal de distrito condenó a muerte a dos hombres por el asesinato de Rie Isogai.

Detractores

Amnistía Internacional afirma que el sistema judicial japonés tiende a confiar mucho en las confesiones y se ha afirmado que estas pueden ser obtenidas bajo coacción. Los detenidos pueden estar hasta 23 días encarcelados en los centros de detención sin financiación de representación legal por parte del Estado. Suelen ser interrogado durante 12 horas al día: los abogados no pueden estar presentes, no hay grabaciones, y están sometidos a una presión constante para que confesaran. Una vez condenados, es muy difícil obtener un nuevo juicio y los presos pueden permanecer bajo la pena de muerte durante muchos años.

Amnistía Internacional también informa de de abuso de los sospechosos durante los interrogatorios. Hay informes de abuso físico, privación del sueño y negación de alimentos, agua y utilización de un inodoro. También se critica el hecho de que los reclusos suelen permanecer durante años, a veces décadas, en el corredor de la muerte, sabiendo que vienen las ejecuciones sin previo aviso y cada día puede ser el último. Según Amnistía Internacional, el estrés intenso y prolongado provoca a muchos condenados a muerte un deterioro mental, sufren el llamado fenómeno de los condenados a muerte. La falta de un aviso por adelantado de las ejecuciones ha sido declarado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas incompatible con los artículos 2, 7, 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Referencias

[1]|Washington Post. Retrieved June 7 2006. [2]|South Asia Human Rights Documentation Centre. Retrieved May 28 2006. [3]| Los Angeles Times. Retrieved June 7 2006. [4]| BBC NEWS | Asia-Pacific | Secrecy of Japanese executions [5]|The Asahi Shimbun. Retrieved January 30 2009. [6]| Retrieved 2008-06-17. [7]|BBC News. 2008-06-17. Retrieved 2008-06-17

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