Oficina Anticorrupción

Oficina Anticorrupción

Estado de la República Argentina
Poder	Poder Ejecutivo Nacional
Jurisdicción	Nacional
Nivel	Secretaría
Función	Investigar y perseguir casos de corrupción.
Sede	Tucumán 394, Buenos Aires
Titular a cargo	Dr. Julio Fernando Vitobello (Fiscal de Control Administrativo)
Pertenece a	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Subordinado a	Presidente de la Nación
Abreviatura	OA
Página web	http://www.anticorrupcion.gov.ar/

La Oficina Anticorrupción (OA) es una agencia especial argentina perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y se encarga de investigar y perseguir casos de corrupción política en el ámbito del gobierno nacional. Fue oficialmente creada el día 10 de diciembre de 1999 por medio de la Ley 25.233 para la asunción de Fernando de la Rúa.

ARTÍCULO 13. — Créase la Oficina Anticorrupción en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la que tendrá a su cargo la elaboración y coordinación de programas de lucha contra la corrupción en el sector público nacional y, en forma concurrente con la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, gozará de las competencias y atribuciones establecidas en los artículos 26, 45 y 50 de la Ley Nº 24.946.

Es la encargada de velar por la prevención e investigación de aquellas conductas que se consideren comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción, reglamentando sus funciones y atribuciones en el Decreto 102/99.

La Oficina Anticorrupción actúa en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, empresas, sociedades y todo otro ente público o privado con participación del Estado o que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal. Cabe aclarar que la OA no tiene competencia para realizar investigaciones en el ámbito del Poder Legislativo, el Poder Judicial o en los organismos de las Administraciones Provinciales y Municipales.

La Oficina Anticorrupción, conducida por el Fiscal de Control Administrativo, desarrolla su labor desde dos áreas:

• Dirección de Investigaciones (DIOA)
• Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia (DPPT)

El Fiscal de Control Administrativo posee rango y jerarquía de Secretario, mientras que los titulares de la Dirección de Investigaciones y de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia poseen rango y jerarquía de Subsecretarios. Los tres funcionarios son designados y removidos por el Presidente de la Nación a propuesta del Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Actualmente el es Fiscal de Control Administrativo Julio Vitobello desde el año 2009, quién reemplazó a Abel Fleitas Ortiz de Rozas quién ocupaba el cargo desde 2004.^[1]

Su presupuesto en el año 2010 fue de 15 millones de pesos con 7.563 casos abiertos en el año,^[2] mientras que en el 2008 tuvo un presupuesto de 6 millones de pesos menos con 6.911 casos abiertos.^[3]

Competencias y Funciones

a) Recibir denuncias que hicieran particulares o agentes públicos que se relacionen con su objeto.

b) Investigar preliminarmente a los agentes a los que se atribuya la comisión de un hecho de corrupción. En todos los supuestos, las investigaciones se realizarán por el solo impulso de la Oficina Anticorrupción y sin necesidad de que otra autoridad estatal lo disponga.

c) Investigar preliminarmente a toda Institución o Asociación que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal, ya sea prestado en forma directa o indirecta, en caso de sospecha razonable sobre irregularidades en la administración de los mencionados recursos.

d) Denunciar ante la justicia competente, los hechos que, como consecuencia de las investigaciones practicadas, pudieren constituir delitos.

e) Constituirse en parte querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado, dentro del ámbito de su competencia.

f) Llevar el registro de las declaraciones juradas de los agentes públicos.

g) Evaluar y controlar el contenido de las declaraciones juradas de los agentes públicos y las situaciones que pudieran constituir enriquecimiento ilícito o incompatibilidad en el ejercicio de la función.

h) Elaborar programas de prevención de la corrupción y de promoción de la transparencia en la gestión pública.

i) Asesorar a los organismos del Estado para implementar políticas o programas preventivos de hechos de corrupción.

j) Participar en organismos, foros y programas internacionales relacionados con el control de la corrupción, velando por el efectivo cumplimiento e implementación de las Convenciones y Acuerdos Internacionales contra la corrupción que la República Argentina hubiera ratificado

Casos emblemáticos

• Skanska. En 2007 saltó el escándalo luego de que la empresa de construcción sueca Skanska admitiera haber pagado “comisiones indebidas” a funcionarios públicos vinculados a la construcción de los gasoductos Norte y Sur.

• IBM-Banco Nación. La causa se inició en 1994. El escándalo implicó el presunto pago de unos 21 millones de dólares en coimas para la firma del contrato del denominado Proyecto Centenario.

• Felisa Miceli. El 5 de junio de 2007 dos efectivos de la Policía Federal inspeccionaron el baño del despacho de la ex ministra de Economía y hallaron un envoltorio con 100.000 pesos y otra bolsa con 31.670 dólares.

• María Julia Alsogaray. Fue condenada a pagar más de 3 millones de pesos por su enriquecimiento ilícito durante su paso por el gobierno menemista. La sentencia quedó firme este año por la Corte y para saldar la deuda le remataron su petit-hotel.^[4]

Referencias

1. ↑ Designan a los titulares de la Oficina Anticorrupción. Diario La Nación. 23 de enero de 2009.
2. ↑ OA Informe Anual 2010. PDF
3. ↑ OA Informe Anual 2008. PDF.
4. ↑ Casos Emblemáticos. Diario Clarín. 03 de junio de 2011.

Enlaces externos

• Sitio oficial de la Oficina Anticorrupción

• Una guía escolar contra la corrupción trajo polémica. Aseguran que minimiza los delitos de Estado. Diario Clarín. 03 de junio de 2006.

• Polémico recambio en la Oficina Anticorrupción. Diario Los Andes. 29 de noviembre de 2004.

• Hay nuevo jefe en la Oficina Anticorrupción. Diario Clarín. 17 de enero de 2003.