Ley de Puertos Francos de Canarias

Normativa sobre los Puertos Francos publicada en 1900.

La Ley de Puertos Francos de Canarias fue promulgada por el ministro Juan Bravo Murillo en 1852.

La Ley de Puertos Francos se componía de un conjunto de medidas económicas que vino a suponer la liberalización de la entrada y salida de mercancías del archipiélago canario, impulsando desde entonces la economía isleña y constituyendo un importante incentivo fiscal para el comercio con y desde las islas.

Las razones esgrimidas por los defensores del llamado "librecambismo isleño" para reclamar un sistema impositivo distinto al del resto de los territorios del Estado español se basaban en la realidad de la economía insular, que históricamente no fue complementaria con las economías de la Península Ibérica. Este hecho provocó que, desde su conquista y colonización, las islas tuviesen sus principales mercados fuera de los territorios de la Corona española (con excepción de las colonias americanas, con la que sí se establecieron fuertes vínculos comerciales hasta su independencia), como ejemplifica el hecho de que los azúcares y aguardientes canarios se comercializaran fundamentalmente con puertos como los de Génova y Amberes, o que los vinos y la cochinilla se exportaran fundamentalmente a Inglaterra. Así pues, puesto en marcha el proyecto de Estado liberal en España, el proteccionismo de la economía española y sus gravámenes a la importación y la exportación, resultaron nefastos para una economía "internacionalizada" como la canaria. La ley de Puertos Francos se convertiría entonces en la herramienta para dar encaje a las peculiaridades de la economía isleña.

Esta ley provocó un notable crecimiento de la economía de las islas, favoreciendo el comercio y la exportación del plátano y el tomate con el continente europeo desde principios del siglo XX.

Los efectos beneficiosos de la ley duraron hasta entrado el tercer cuarto del siglo XX, cuando los Puertos Francos perdieron su atractivo como incentivo fiscal con la implantación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) y el mercado único europeo.