Masacre de Segovia

Masacre de Segovia

La Masacre de Segovia fue una masacre ocurrida el 11 de noviembre de 1988 en el municipio de Segovia (Antioquia) donde fueron asesinadas 43 personas y heridas 45, durante un ataque por parte del grupo Muerte a Revolucionarios del Nordeste, un grupo paramilitar liderado por Fidel Castaño. La masacre se realizó con el motivo de eliminar a los militantes de la Unión Patriótica que habían ganado las elecciones de marzo de 1988.[1]

Contenido

Antecedentes a la Masacre

La Unión Patriótica, partido creado por varias fuerzas de izquierda en el país, incluyendo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) y el Partido Comunista Colombiano, con el apoyo del gobierno de Belisario Betancur en el marco de un proceso de paz a mediados de 1985, había ganado elecciones parlamentarias en varias regiones del país incluida la misma Segovia. No obstante los grupos paramilitares continuaron la violencia, combatiendo a las FARC en el campo y asesinando líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y dirigentes de izquierda. Estos grupos de autodefensa liderados por Fidel y Carlos Castaño eran pagados por terratenientes y más tarde por Gonzalo Rodríguez Gacha "el Mexicano" del Cartel de Medellín a la vez que contrataba mercenarios como Yair Klein para su entrenamiento. Una nueva modalidad nunca antes vista en la Historia de Colombia eran las masacres de civiles y anteriormente a Segovia, meses atrás había sucedido la sangrienta Masacre de la Mejor Esquina.

La Masacre

La matanza se inició en la noche del 11 de noviembre cuando varios paramilitares armados y encapuchados ocuparon en medio de la oscuridad y el silencio de la noche la plaza central de la ciudad. Su primer objetivo fue la sede de la Alcaldía. Mataron a la alcaldesa y a todos los que la acompañaban y, cuando terminaron, recorrieron a pie el pueblo con una lista y no pararon hasta que fusilaron a todos los que aparecían en ella. Algunos transeúntes que se les cruzaron en el camino sufrieron la misma suerte. En total 43 personas murieron. Los paramilitares abandonan el pueblo no sin antes dejarle mensajes a la UP, al ejército y a las FARC. Nadie fue condenado.[2]

Juicios

La masacre se dio a conocer escasamente un día después por los medios de comunicación. Los familiares de las víctimas y el resto de la población clamó por justicia. En un principio se acusó a la guerrilla de las FARC por la matanza pero más tarde se aclaró que fue cometida por paramilitares. Hoy en día con 22 años de la masacre se clama aun por el esclarecimiento de los hechos los cuales no han sido desvelados desde entonces. Se sabe que los paramilitares actuaron con la complicidad de la policía y las fuerzas militares quienes habían salido ilesas de la masacre y habían permitido la entrada de los asesinos.

La Corte Suprema colombiana decidió en julio de 2010, con los responsables directos de la masacre detenidos en cárceles norteamericanas por narcotráfico, que los políticos que se vieron beneficiados por esa masacre, o pudieron incidir en ella, son tan responsables como los paramilitares que dieron la orden de disparar. Uno de los acusados, el liberal César Pérez García, había sido detenido como autor intelectual, pero la Justicia entonces lo absolvió rápidamente.[2]

La Sala Penal del Supremo ya había condenado a dos parapolíticos (políticos que se aliaron a los paramilitares) por homicidios cometidos por los grupos armados. Sin embargo, hasta ahora la regla era que el tribunal o los jueces ordinarios los condenaban por el delito de concierto para delinquir agravado, una figura que, de declararse culpable, sólo conlleva penas de cuatro o cinco años de reclusión. La mayoría de los condenados consiguió salir con libertad condicional después de dos años y medio, por buena conducta.[2]

Pero ahora, gracias a la nueva posición de la Corte, las reglas cambiaron para todos aquellos políticos que financiaron, apoyaron y hasta participaron de la “guerra” de los paramilitares. La Corte estaría diciendo que todos los que tenían alguna posición de poder, aunque sea intermedia, en los aparatos organizados que fueron las Autodefensas Unidas de Colombia, son responsables de las desapariciones, los desplazamientos y las ejecuciones extrajudiciales ante la Justicia.[2]

La Corte Suprema no procesó solamente a César Pérez Garcia, el político que más claramente se benefició de la masacre de Segovia, sino también a ocho ex congresistas de departamentos vecinos que formaron parte de la coalición oficialista durante la presidencia de Uribe, y fueron condenados por apoyar y financiar a los paras: Jorge Castro, Dieb Nicolás Maloof, José Gamarra, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo, Salomón Saade, Jorge Caballero y Mauricio Pimiento.[2]

El 22 de julio de 2010, por orden de la Corte Suprema de Justica, el controvertido político colombiano CÉSAR PÉREZ GARCÍA, es capturado, siendo uno de los autores intelectuales del magnicidio.

Referencias

Enlaces externos


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