José Alfredo Martínez de Hoz


José Alfredo Martínez de Hoz
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José Alfredo Martínez de Hoz
José Alfredo Martínez de Hoz
José Alfredo Martínez de Hoz

Ministro de Economía de Argentina
29 de marzo de 1976 – 31 de marzo de 1981
Presidente Jorge Rafael Videla (de facto)
Predecesor Juan Las Heras
Sucesor Lorenzo Sigaut

21 de mayo de 1963 – 12 de octubre de 1963
Presidente José María Guido (de facto)
Predecesor Eustaquio Méndez Delfino
Sucesor Eugenio Blanco

Datos personales
Nacimiento 13 de agosto de 1925 (86 años)
Bandera de Argentina Salta, Argentina
Profesión Economista, abogado

José Alfredo Martínez de Hoz (h), apodado Joe, (n. 13 de agosto de 1925) es un político, economista, abogado y profesor universitario argentino, que participó como ministro de Economía de la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional entre 1976 y 1981 y como ministro de Economía del entonces presidente José María Guido por un periodo que fue de 21 de mayo de 1963 a el 12 de octubre de 1963. Se lo considera un representante del liberalismo económico a ultranza en la historia argentina. Estuvo profundamente relacionado con los organismos y centros financieros internacionales, tan así que a los pocos días del inicio de la gestión de Martínez de Hoz, el FMI aprobó, con sorpresiva rapidez, un crédito de 110 millones de dólares que permitió mejorar el nivel de reservas de divisas disponibles en el Banco Central de la República Argentina.

Contenido

Biografía

Descendiente de una familia de ricos estancieros, presidentes de la entidad de los grandes propietarios de tierras, la Sociedad Rural Argentina y propietarios de 2.500.000 hectáreas de terreno en la Patagonia cedidas por Julio Argentino Roca tras la conquista del Desierto, Martínez de Hoz se inició en la función pública como ministro de Economía de la provincia de Salta durante la Revolución Libertadora.[1] Se desempeñaría luego como secretario de Agricultura y Ganadería y finalmente ministro del presidente de facto José María Guido (1962-1963) y en los sectores bancario, financiero, industrial y agrario.

Dirigió la estancia Malal Hué, la aseguradora Buenos Aires Compañía de Seguros, y la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad; presidió la petrolera Petrosur y la financiera Rosafin,[2] y, habiendo trabado relación con los Rockefeller,[3] fue titular de la acería Acindar durante los años inmediatamente precedentes al golpe de Estado.[4] Sería luego convocado por Jorge Rafael Videla para ocupar el Ministerio de Economía.

Martínez de Hoz tenía estrechos lazos con la cúpula militar, que emplearía Acindar como campo de pruebas para las prácticas represivas ejercidas luego durante el Proceso. Según declaraciones del propio Martínez de Hoz —en la investigación abierta, tras el regreso de la democracia, por la nacionalización dolosa de la Compañía Italo Argentina de Electricidad, de cuyo directorio era miembro cuando se pagó 300 millones de dólares por una compañía descapitalizada—, en 1975 habría visitado a Videla, a la sazón jefe del Estado Mayor, junto con otros miembros del Consejo Argentino Empresario, para solicitarle que contribuyera a preservar el orden en las circunstancias que impedían "la libertad de trabajo, la producción y la productividad". En el curso de sucesivas entrevistas con los líderes del Ejército se diseñó un sistema de espionaje y vigilancia, coordinado con las fuerzas de seguridad y la inteligencia militar, orientado a identificar a los principales activistas sindicales.

En mayo de ese año hubo ocasión de ponerlos en práctica durante la represión de una masiva huelga de metalúrgicos en la planta de Acindar en Villa Constitución, dirigida por Alberto Piccinini, secretario local de la Unión de Obreros Metalúrgicos y opuesto a la línea blanda de Lorenzo Miguel; ante la huelga, que duró 59 días, Martínez de Hoz obtuvo del ministro de Interior, Alberto Rocamora, la declaración de la ilegalidad de la huelga y el envío de las fuerzas de seguridad. Numerosos huelguistas fueron secuestrados, sometidos a simulacros de fusilamiento, y otros asesinados.[5] Dentro de las instalaciones de la fábrica se montó el primer centro clandestino de detención, una antesala de los que se aplicarían luego durante el Operativo Independencia. Rodolfo Peregrino Fernández, entonces inspector de la Policía Federal Argentina, declararía ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos que Acindar "pagaba a todo el personal policial —jefes, suboficiales y tropa— un plus extra en dinero (...) [para convertirla en] una especie de fortaleza militar con cercos de alambre de púas". El reemplazo de Martínez de Hoz al frente de Acindar sería el general Alcides López Aufranc, que continuaría con la labor represiva.[6]

Ministro de Economía (1976–1981)

Martínez de Hoz junto a Jorge Rafael Videla.

El 2 de abril de 1976, Martínez de Hoz presentó su "Programa de recuperación, saneamiento y expansión de la economía argentina". Anunció que había sido aprobado por la Junta Militar y que sus bases fundamentales eran las siguientes: "lograr el saneamiento monetario y financiero indispensable como base para la modernización y expansión del aparato productivo del país, en todos sus sectores, lo que garantiza un crecimiento no inflacionario de la economía. Acelerar la tasa de crecimiento económico. Alcanzar una razonable distribución del ingreso, preservando el nivel de los salarios en la medida adecuada a la productividad de la economía. En esa oportunidad el ministro señaló que, en el corto plazo, el programa económico debía dominar lo que llamó "los tres incendios": la inflación, la deuda externa y la recesión, o sea, la caída de los niveles de producción. Y señaló que el objetivo básico era implantar en el país una "economía de producción" en reemplazo de la "economía de especulación" preexistente.

El Ministro de Economía de la última dictadura militar argentina, Alfredo Martínez de Hoz, realiza su discurso de despedida del gobierno en Cadena Nacional. 12/03/1981. Fuente: Radio y Televisión Argentina. http://www.rta-se.com.ar

Las bases previstas por el equipo económico para la reactivación de la economía del país significaban una reinserción de Argentina en la nueva división del trabajo de la economía capitalista internacional según las ventajas comparativas que ofrecía su sector primario, agropecuario y minero. Como contrapartida, significaba también no profundizar la industrialización como núcleo dinámico de la economía. Martínez de Hoz y su equipo consideraban las inversiones extranjeras como un elemento esencial "para reducir el costo social del proceso de capitalización del país y acelerar su tasa de crecimiento", y esperaban que lo capitales extranjeros se radicaran en el sector agropecuario y en el sector petrolero y minero.

A principios de 1977, el rebrote de la inflación -después de algunos meses de significativa disminución de los índices- llevó al equipo económico a justificar la postergación de la anunciada y esperada reactivación de la economía, porque el control de la inflación, objetivo considerado requisito para el logro de los demás, estaba insumiendo más tiempo que el previsto. El fracaso del esquema antiinflacionario enfrentó al equipo económico con los límites que la realidad imponía a las medidas automáticas de estabilización ordenada a partir del libre juego de la oferta y la demanda no resultaba suficiente para eliminar las presiones inflacionarias. Desde entonces, y en contradicción con los principios que proclamaban, fue cada vez mayor la intervención del Estado para estabilizar el mercado. En marzo de 1977 estableció una tregua de precios por 120 días, durante la cual "los empresarios tenían que deponer sus pretensiones alcistas y absorber los ajustes salariales" que se autorizaron desde el 1° de ese mes. En el mismo lapso, el Estado postergó los incrementos en los precios de los combustibles. La medida fue muy criticada, incluso por miembros del equipo económico, y a partir del día 121 los precios aumentaron aceleradamente. El ministro, entonces, retomó la ortodoxia liberal y avanzó en la eliminación de los controles de precios, no sólo de los bienes sino, también, del dinero. Con el proclamado objetivo de atraer las inversiones extranjeras que debían reactivar la economía del país, el equipo económico se propuso crear un mercado de capitales que resultara atractivo a los inversores extranjeros. El 1° de junio de 1977, Martínez de Hoz anunció una reforma financiera con el propósito de ir hacia la liberalización del mercado financiero. La nueva ley autorizaba "un mercado libre del dinero", en el que las tasas de interés se definían a través de la oferta y la demanda; establecía la garantía de los depósitos a cargo del Banco Central y fomentaba los depósitos a interés. Además, creaba amplias facilidades para la instalación de nuevas entidades bancarias y financieras. En particular, otorgaban una serie de privilegios, por dos años, a las entidades del interior del país para que pudieran enfrentar la competencia de los grandes bancos de la Capital Federal y las sucursales de los bancos extranjeros.

Hasta fines de 1977, la actividad económica fue impulsada por la expansión del sector agrícola, que dinamizó las producciones industriales estrechamente vinculadas, como tractores, maquinaria agrícola, fertilizantes, etc. Sin embargo, el equipo económico entendió que esta expansión por sí sola y dadas sus características resultaba insuficiente para asegurar el crecimiento económico auto sostenido del país.

Después de la liberalización del sistema financiero, durante la segunda mitad de 1978, el equipo económico buscó crear las condiciones para que las tasas de interés subieran. A través de un conjunto de medidas, el Estado redujo la cantidad de moneda circulante y, al mismo tiempo, las empresas públicas comenzaron a pedir créditos al sistema bancario y financiero. El aumento de la demanda de dinero originó el incremento de las tasas de interés que se aceleró rápidamente. Una vez impulsada la tendencia, el Banco Central comenzó a disminuir su regulación sobre el sector. El aumento del precio del dinero tuvo un efecto recesivo casi instantáneo. Las empresas que habían tomado créditos se encontraron con costos crecientes y reaccionaron liquidando sus stocks de mercaderías y, en muchos casos también, sus bienes de capital e instalaciones. Esta situación impulsó la caída de la actividad industrial. Durante todo 1978, el equipo económico continuó tomando medidas que buscaban profundizar la liberalización del mercado financiero: redujo el plazo mínimo autorizando a las entidades financieras para tomar depósitos indexados (de 6 meses a 1 mes y luego de 30 días a 7 días) y permitió la entrada y salida de capitales extranjeros en un plazo mínimo de 24 horas. Desde mediados de 1978 el Estado reguló la cantidad de moneda circulante a través de la "Cuenta de Regulación Monetaria" que establecía el encaje mínimo, es decir, el porcentaje de fondos que los bancos y las entidades financieras debían tener en reserva para hacer frente a sus obligaciones.

La Tablita

El nuevo programa estaba basado en el supuesto de que una parte importante de aumento de los precios se debía a "factores psicológicos". Para contrarrestarlos, propuso la información anticipada de porcentaje de devaluación y lo hizo fijando la variación de la pauta cambiaria, es decir, cuál sería la relación entre el peso y el dólar para cada día de los siguientes ocho meses, de enero a agosto de 1979. Esta vez, en lugar de establecerse como precio del dólar una suma fija, a lo largo de esos ocho meses cada dólar iba a costar una cantidad creciente de pesos. De este modo, quedó establecido en un instrumento, que se conoció como "la tablita", cuál iba a ser, en ese lapso, el porcentaje de la devaluación de la moneda Argentina. Sin embargo, en ese período la inflación aumentó mucho más que la devaluación programada, de modo que el peso siguió sobrevaluado y el retraso de la paridad cambiaria afectó al sector exportador.

La apertura de la economía

El equipo económico presentó entonces la "apertura de la economía" -que significaba facilitar el ingreso de los productos importados fabricados en el extranjero- como una forma de controlar al inflación. Por esta vía, esperaba controlar el aumento de los productos nacionales enfrentándolos con los precios del mercado internacional, que eran más bajos. Entendía, además, que era una forma de presionar a los sectores productivos para que mejoraran su competitividad, es decir, que ofrecieran la mejor calidad al menor precio para estar en condiciones de competir con los productos importados. La combinación de todas estas medidas con la vigencia de una mercado financiero liberalizado y una pauta cambiaria fija produjo un explosivo aumento del endeudamiento externo e incentivó las operaciones financieras a muy corto plazo y alta rentabilidad, desalentando completamente las inversiones productivas. Los esperados capitales extranjeros que provocarían los cambios cualitativos y cuantitativos en la economía Argentina comenzaron a entrar a partir del tercer trimestre de 1979, pero no llegaron con el propósito de radicarse en inversiones productivas. En 1980 el sistema financiero entró en crisis y, desde entonces, la inflación y la especulación crecieron a niveles muy superiores a los registrados anteriormente.

Crisis financiera de 1980 y renuncia de Martínez de Hoz

Desde fines de 1979 se venía agudizando el enfrentamiento entre los miembros de equipo económico y los directivos de algunos de los bancos que más habían crecido. Los primeros sospechaban que algunos de los nuevos bancos no estaban operando según las normas y las regulaciones vigentes. En marzo de 1980, el gobierno decidío cerrar el mayor de los bancos locales -el Banco de Intercambio Regional, BIR- hecho que provocó una crisis financiera de profundos alcances. A los pocos días, dispuso el cierre de otros grandes bancos -como el Banco de Los Andes, el Banco Oddone y el Banco Internacional- y algunos menores durante los meses de abril y mayo, política de liquidación que continuó durante todo el año. Estas medidas provocaron un pánico generalizado entre los inversores y una ola de demanda especulativa de divisas. Frente al retiro de los depósitos de los bancos y de las entidades financieras y la salida del país de cuantiosas sumas, el equipo económico decidió restablecer la garantía oficial de la totalidad de los depósitos. Durante todo 1980, utilizó una gran parte de las reservas en devolver los depósitos garantizados a los clientes de las entidades quebradas o intervenidas y también adelantó fondos a las que entraban en crisis por los temores del público que retiraba sus ahorros. La creciente demanda de divisas y la fuga de capitales al exterior continuaron durante 1980 y se profundizaron a partir de febrero de 1981, cuando el equipo económico, finalmente, anunció una nueva devaluación.

En este contexto de fuerte crisis económica y de reacciones críticas y opositoras por parte de numerosos sectores de la sociedad civil, en marzo de 1981 Jorge Rafael Videla fue reemplazado por el general Roberto Viola como presidente y Martínez de Hoz dejo el ministerio de Economía y fue reemplazado por Lorenzo Sigaut.

Después de 1981

Durante la etapa posterior al fin del Proceso, debió cerrar su estudio privado por las protestas en su contra. Siguió desempeñándose en finanzas, como miembro fundador del Consejo Argentino Empresario, que nuclea a algunos de los grupos empresariales más destacados del país, en Química Estrella (hoy parte del Grupo Estrella), el grupo Rohm de finanzas y el Banco General de Negocios. En 2003 debió declarar como imputado por posibles maniobras fraudulentas en este último.

Presunto secuestrador e integrante de asociación ilícita

Fue encarcelado, tras el retorno de la democracia, de complicidad en las actuaciones represivas y en la desaparición de personas, hasta ser finalmente indultado por Carlos Menem mediante el decreto 2745/1990. Antes había sido ya procesado por la acusación presentada en 1982 por Alejandro Olmos, que lo inculpaba de la debacle económica y de haber incurrido en defraudación al Estado por el aumento vertiginoso de la deuda externa, que se cuadruplicó durante su gestión; esta recibiría resolución el 13 de julio de 2000, cuando el juez federal Jorge Ballesteros ratificó el "carácter ilegítimo y fraudulento de la deuda externa".

En 1984 fue acusado del secuestro de los empresarios Federico Gutheim y su hijo Miguel Ernesto y llegó a cumplir 77 días de arresto por este delito, pero finalmente fue sobreseído. La Cámara Federal Penal, durante el gobierno democrático de Alfonsín, resolvió que Martínez de Hoz era ajeno a los hechos que se investigaban y revocó su prisión preventiva, en 1988. El decreto que disponía la detención de los Gutheim estaba firmado por el presidente Videla, no por Martínez de Hoz. En 1989 fue indultado por el gobierno de Carlos Saúl Menem, impidiéndose así la prosecución de ulteriores causas. En septiembre del 2006 su indulto fue declarado nulo por la justicia, un fallo confirmado por la Cámara Federal en abril de 2008, al considerar el secuestro parte de los delitos de lesa humanidad perpetrados como parte del terrorismo de Estado del gobierno de facto.[7] En la misma causa están acusados Videla y el ex-ministro de Interior Albano Harguindeguy.

El día 4 de mayo de 2010 se dictó la prisión preventiva de Martínez de Hoz por su presunta vinculación con el secuestro de los empresarios Gutheim, la que cumple en su domicilio.[8]

Referencias

  1. Zaiat (2008), p. 601
  2. Zaiat (2008), ibídem
  3. "Siento gran respeto y admiración por Martínez de Hoz. Esto proviene no sólo de una larga amistad entre nosotros, a pesar de las distancias geográficas que nos separan, sino de la creatividad y rigor de su desempeño en el plano económico. [...] Pocos como él tuvieron la valentía de informar en Estados Unidos que el problema de Argentina anterior a su gestión radicaba en la promoción de una excesiva intervención estatal en la economía y en el sobredimensionamiento de las funciones del Estado, que indebidamente ponían sobre las espaldas del país el costo social de la acción." Declaraciones de David Rockefeller publicadas en la revista Gente, 6 de abril de 1978
  4. Galasso (2003), p. 212
  5. Hernández (1998)
  6. Bonasso (2000a)
  7. Confirman la nulidad del indulto que benefició a Martínez de Hoz. Diario La Nación, 16 de abril de 2008. [1]
  8. http://www.infobae.com/politica/527879-101275-0-Martinez-Hoz-fue-trasladado-su-domicilio-recibir-el-alta Martínez de Hoz fue trasladado a su domicilio tras recibir el alta]. Consultado el 26 de julio de 2010

Bibliografía

  • Galasso, Norberto (2003). De la banca Baring al FMI. Buenos Aires: Colihue. ISBN 950-581-855-6. 
  • Zaiat, Alfredo (dir.) (2008). Historia de la Economía Argentina del Siglo XX. Fascículo 38, 'La familia Martínez de Hoz - Tráfico de esclavos, terratenientes y ministro de dictaduras'. Buenos Aires: La Página. 
  • Informe de CONEDEP y Naciones Unidas acerca de los crímenes de la dictadura de Marzo de 1976.
  • Alonso y Vázquez, M.E. Alonso y E.C. Vázquez. «9» (en Castellano). HISTORIA:la argentina contemporánea(1852-1999). Buenos Aires: aique. pp. 270, 271,272, 273, 274 y 281. 
  • Aloso,Vázquez. «9» (en Castellano). HISTORIA la argentina contemporánea(1852-1999). aique. pp. 270. 

Enlaces externos


Predecesor:
Eustaquio Méndez Delfino
Ministro de Economía de Argentina
21 de mayo - 12 de octubre de 1963
Sucesor:
Eugenio Blanco
Predecesor:
Juan Las Heras
Ministro de Economía de Argentina
29 de marzo de 1976 - 1 de abril de 1981
Sucesor:
Lorenzo Sigaut

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