Traducción jurada

Traducción jurada

La traducción jurada o traducción pública o traducción oficial o traducción certificada de un documento es la traducción de carácter oficial de un documento.

Por su parte, la interpretación jurada es la transferencia lingüística (interpretación) de tipo oral, realizada habitualmente ante tribunales de justicia (interpretación judicial), de cuyo contenido se hace responsable el intérprete.

Contenido

Título profesional

Los traductores e intérpretes acreditados reciben distintos nombres, según el país. Por ejemplo, en España, en lo que concierne al castellano, la denominación oficial es traductor-intérprete jurado, aunque popularmente se le suele denominar traductor jurado. En otros países hispanohablantes, la denominación varía: existen el traductor público (Argentina y Uruguay), el traductor oficial (Colombia), el perito traductor oficial (México) y el perito traductor certificado (México).

Diferencias entre países hispanohablantes

España: Idioma español

Según la ley, la traducción oral o interpretación con carácter de jurada ante un tribunal, al y del español, puede ser realizada por cualquier persona designada por dicho tribunal.[1]

Sin embargo, las traducciones juradas por escrito sólo las pueden realizar los traductores-intérpretes jurados nombrados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (hasta 2010 llamados intérpretes jurados). Este nombramiento habilita a los profesionales para realizar traducciones juradas entre el español y una lengua extranjera. El estatuto profesional del traductor-intérprete jurado en España está regulado por el capítulo II del Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en su redacción según el Real Decreto 2002/2009, de 23 de diciembre.[2] Actualmente, puede accederse al título de traductor-intérprete jurado mediante tres vías:

  • Mediante la posesión del título de licenciado en traducción e interpretación o de un título extranjero que haya sido homologado a este, siempre que acrediten, mediante la correspondiente certificación académica, que se han superado las asignaturas de dicha licenciatura que, conforme a los planes de estudio de las correspondientes facultades, otorguen a los Licenciados «una preparación específica en traducción jurídica y económica e interpretación oral en la lengua o lenguas para las que se solicite el nombramiento». Dicha preparación consistía en un mínimo de 24 créditos en traducción jurídica y/o económica y de 16 créditos en interpretación.[5] Con la extinción de las licenciaturas, desaparecerá esta última vía, aunque el Real Decreto 2002/2009 establece un régimen transitorio hasta el 30 de septiembre de 2015 para aquellas personas que estén cursando actualmente la licenciatura en Traducción e Interpretación.

Una vez otorgado el nombramiento, queda registrado en la Oficina de interpretación de lenguas, así como en la Delegación o Subdelegación del Gobierno de la provincia donde el traductor-intérprete jurado ejerza su profesión.

España: Otras lenguas oficiales

En algunas comunidades autónomas españolas existen organismos que habilitan para la realización de traducciones juradas:

  • En Cataluña, la Dirección General de Política Lingüística de la Generalitat tiene la facultad de nombrar al traductor e intérprete jurado para la traducción del catalán a y de otras lenguas.[6]
  • En Galicia, el Departamento de Política Lingüística de la Xunta nombra tanto a tradutores xurados como a intérpretes xurados para el gallego.[7] [8]
  • En el País Vasco, el gobierno vasco nombra tanto traductores jurados como intérpretes jurados.[9]

México: traducción certificada

En México, hay dos opciones para este tipo de traducciones: las elaboradas por peritos traductores autorizados por el Consejo de la Judicatura Federal (que en teoría son válidas en todo el territorio nacional) y las elaboradas por peritos traductores autorizados por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal o por las instancias correspondientes a cada uno de los estados de la Federación (que, también en teoría, son válidas únicamente en cada una de esas jurisdicciones). En la práctica, las traducciones elaboradas por peritos autorizados por cualquiera de ambas instancias son igualmente válidas en cualquiera de los 32 estados de la República Mexicana: se considera, más bien, que la última palabra la tiene la persona interesada: es él/ella quien finalmente elige al perito traductor que considere apropiado para su necesidad.

Naturaleza y formato de la traducción jurada

Las traducciones juradas tienen carácter oficial ante las autoridades, característica que comparten con las traducciones judiciales. Puesto que el objetivo de una traducción jurada es dar fe del contenido del texto original, el traductor es responsable de su traducción, al igual que ocurre en la traducción judicial.[10]

Sin embargo, la traducción jurada se distingue de la traducción judicial (realizada para los tribunales) porque puede realizarse en cualquier contexto, y de la jurídica (de textos relativos al derecho) en que el texto origen puede pertenecer a cualquier temática. De hecho, la traducción jurada se caracteriza tan solo por el formato específico con que se presenta. La entrega de una traducción jurada solo puede realizarse en papel, debido a que debe incluir la firma y el sello originales del traductor-intérprete jurado.

Las traducciones juradas no exigen un formato específico de presentación, ya que el único requisito es la inclusión de la certificación al final de la traducción y de la firma y el sello del traductor-intérprete jurado. Hasta que se dicte la orden de desarrollo del Real Decreto 2002/2009, las normas referentes a la certificación y al sello serán las que figuran en la Orden de 8 de febrero de 1996.

El contenido de la certificación es el siguiente: Don / Doña (nombre y apellidos), Intérprete Jurado de (idioma), certifica que la que antecede es traducción fiel y completa al (lengua de destino) de un documento redactado en (lengua de origen). En (lugar), a (fecha).

En cuanto al sello, debe incluir exactamente la siguiente información: nombre, la leyenda “intérprete jurado de…” (idioma para el que se obtuvo el nombramiento), dirección, teléfono y, en su caso, fax. En la práctica, se tolera la inclusión en el sello de datos como la dirección de correo electrónico.

Finalidad

Este tipo de traducciones suelen ser necesarias por exigencia de determinadas autoridades (ministerios, juzgados, instituciones académicas). Las traducciones se convierten en juradas y, por tanto, en documentos oficiales, una vez han sido consignados el sello y la firma del traductor-intérprete jurado.

Metodología

Actualmente, la legislación española sólo regula la forma, pero no el contenido de las traducciones juradas ni el método a aplicar para realizarlas.

Referencias

  1. Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 231. 
  2. Real Decreto 2002/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del ministerio de Asuntos Exteriores, aprobado por Real Decreto 2555/1977, de 27 de agosto. 2009. http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/24/pdfs/BOE-A-2009-20767.pdf. 
  3. Orden de 8 de febrero de 1996 por la que se dictan normas sobre los exámenes para nombramiento de Intérpretes Jurados.. 1996. http://www.boe.es/boe/dias/1996/02/23/pdfs/A06876-06878.pdf. 
  4. ORDEN de 23 de agosto de 1999 por la que se desarrolla el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, en lo que afecta a la profesión de Intérprete jurado. 1999. http://www.boe.es/boe/dias/1999/08/27/pdfs/A31768-31771.pdf. 
  5. Orden AEX/1971/2002, de 12 de julio, por la que se establecen los requisitos y el procedimiento para la obtención del nombramiento de Intérprete Jurado por los Licenciados en Traducción e Interpretación.. 
  6. Decret 119/2000, de 20 de març, de traducció i interpretació jurades.. 
  7. Decreto 267/2002, do 13 de xuño, polo que se regula a habilitación profesional para a traducción e a interpretación xurada doutras linguas para o galego, e viceversa.. 
  8. Decreto 43/2009, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 267/2002, de 13 de junio, por el que se regula la habilitación profesional para la traducción y la interpretación jurada de otras lenguas para el gallego y viceversa.. 
  9. Decreto 88/2009, de 21 de abril, sobre habilitación de traductores e intérpretes jurados.. 
  10. Miguel Duro Moreno (dentro de Ortega Arjonilla, E.) (2008). «La traducción e interpretación jurídicas en la UE. Retos para la Europa de los ciudadanos.». Ed. Comares, colección Interlingua.. 

Enlaces externos


Wikimedia foundation. 2010.

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