El apogeo de la revolución


El apogeo de la revolución

El apogeo de la revolución

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El apogeo de la Revolución

Durante la totalidad 1815 y hasta junio de 1816, la Revolución Oriental, llego en su máxima cúspide, Artigas el líder de la revolución, impulsaría cambios sociales, políticos y económicos que revolucionarían totalmente la realidad de la Banda Oriental y toda la Liga Federal.

Fundaciones de Pueblos

Purificación, la Capital de la Liga Federal

Unos cien kilómetros al norte de la ciudad de Paysandú, cerca de la desembocadura del arroyo Hervidero, que desagua en el río Uruguay, y a unos siete kilómetros de la llamada Meseta de Artigas, el caudillo tenía el cuartel general de sus tropas. En las proximidades de este creo un establecimiento de internación de sospechosos y desafectos, que allí permanecieran hasta ser “purificaros”, de donde, al parecer, surgió el nombre que termino por designar todo el asentamiento. Se supone que esa denominación fue adoptada por el padre José Benito Monterroso, por entonces el secretario mas estrechamente ligado al caudillo, quien a su vez lo habría tomado de los “campos de purificación” creados en España por las Cortes de Cádiz, en 1812, como centros de interacción de ciudadanos de opinión bonapartista. En la época, el paraje era conocido como Chapicoi, su nombre original guaraní, o como Castillo de Bautista. Se le nombraba también como Artigones, o Purificación de Artigones. En mayo de 1815 el caudillo estableció allí su cuartel general, después de una breve estancia en Paysandú, y el caserío que lo rodeo se fue construyendo espontáneamente. Las ventajas de la situación geográfica eran evidentes, como punto equidistante de Montevideo y Buenos Aires, ventana abierta sobre las llanuras litoraleñas en las que reinaba el federalismo. La población civil vivía en tolderías o ranchos de paja y terrón, y las únicas construcciones de material parecen haber sido el rancho que habitaba el propio Artigas y la iglesia, construida en 1816 y que contenía una imagen de la Purísima Concepción enviada por el Cabildo de Montevideo. En el establecimiento de detención los internados se dedicaban a tareas rurales bajo estrecha vigilancia, y no existe constancia alguna que fueran sometidos a torturas o malos tratos, como afirmaban los enemigos del artiguismo. Todo el recinto estaba aislado por tres fosos de la profundidad de un hombre y defendido por cinco baterías de artillería. En su momento de mayor esplendor parece haber albergado a 1.500 o 2.000 habitantes. Algunos de los cuales producían corambre, astas, sebo, crin y maderas que eran comercializadas básicamente con Montevideo. La casa de Artigas es descripta, por John Parish Robertson y por Dámaso Antonio Larrañaga en su Viaje de Montevideo a Paysandú, como amplia y acogedora, aunque casi carente de muebles. Pegado a ella había un rancho que servía como cocina. John P. Robertson era un comerciante inglés con espíritu aventurero que había venido al Río de la Plata con las Invasiones Inglesas de 1806, cuando contaba con 15 años. Y que más tarde, junto a su hermano William, recorrió ampliamente toda el área, incluido el Paraguay, en aquellos años turbulentos, haciendo negocios. Pudo considerarse feliz de haber podido sobrevivir y narrar luego sus experiencias. En los primeros meses de 1815 viajaba en barco desde Buenos Aires a Asunción cuando fue interceptado y aprisionado por soldados de Artigas.

El Artiguismo en Montevideo y el Cabildo Gobernador

Image:Tropas Artiguistas entrando en Montevideo.jpg

Los guerreros artiguistas, que habían cumplido cuatro años interrumpidos de lucha y sacrificio, soportando los abusos y las hostilizaciones de las tropas portuguesas convocadas por los realistas montevideanos y que habían sufrido, ellos y sus antepasados, el desprecio, la persecución y la explotación, veían llegando el momento de su revancha histórica. Desde el principio se sucedieron las quejas por las acciones destempladas, a veces brutales, de los nuevos ocupantes. Los soldados artiguistas bebían en las tabernas y se marchaban gritando: “!Paga la Patia!”, y se acusaba a Otorgués de organizar bailes de asistencia obligatoria en los que se vejaba a las señoritas y damas montevideanas. Artigas había nombrado a Otorgués Gobernador Político y Militar de la plaza. Las funciones gubernativas de corte municipal quedaban a cargo del Cabildo, cuya integración se había renovado. Desde Purificación, Artigas ejercía una suerte de vigilancia paternista y severa. La primera diferencia de importancia que se dio en el seno de esta distribución del poder tuvo que ver con el tratamiento que había de darse a los españoles, termino que tenia una significación netamente política: los que habían actuado del lado de las autoridades coloniales; debe recordarse que por entonces circulaba información sobre el envió de la expedición reconquistadora a cargo del general Morillo, enviada por el rey Fernando VII, y que se presumía que su destino seria el Río de la Plata. La guerra anticolonial no estaba concluida ni mucho menos. El 7 de marzo el nuevo alcalde de primer voto, Tomás García de Zúñiga, dicto un bando que aseguraba igualdad de derechos entre españoles y americanos, cualquiera hubiera sido su postura en las luchas anteriores. Al mismo tiempo, el Cabildo permitía libremente la emigración de quienes quisieran marcharse, lo que habilito a muchos “empecinados” del periodo anterior para marchar hacia Río de Janeiro o hacia la misma España. Esta disposición y esta conducta chocaron frontalmente con la que derivaba del gobernador, que el 2 de marzo había prohibido a los españoles “mezclarse publica o privadamente en los negocios políticos de la provincia, bajo pena de fusilamiento”; pena que se hacia extensiva a “quien lo supiera y no lo delate”. Semejante intransigencia provenía del mismo Artigas, que ordeno, con fecha 25 de marzo, que “todo español que hubiera vuelto a estos pueblos y sus jurisdicciones” luego de la caída de Montevideo en mano de los porteños, “deberá reembarcarse inmediatamente para Buenos Aires” so pena de la perdida total de sus bienes. El 3 de mayo, con el pretexto de que algunos españolistas mostraban jubilo ante la presunta inminente llegada de la expedición reconquistándola y miraban desde sus azoteas el horizonte con catalejos esperando ver los barcos, Otorgues dispuso el arresto de todos “los españoles europeos que se hallaron en esta plaza durante el primero o segundo sitio”. Semejantes medidas cayeron pésimamente en el seno de la población, incluso en aquella parte que no se veía afectada directamente, pues prácticamente todos los montevideanos tenían amigos o parientes entre los “españoles europeos”. Las relaciones entre el Cabildo y el gobernador se fueron deteriorando.

Había, sin embargo, una fracción del Cabildo que apoyaba esta dureza de tratamiento, y por razones que poco tenían que ver con la lealtad; algunos personajes vinculados al comercio aspiraban hacerse cargo de los privilegios que habían disfrutado los españoles, y por ello respaldaban la política artiguista. Uno de ellos era Lucas J. Obes, personaje de notoria jerarquía, abogado y comerciante, que se gano la confianza de Otorgués. De esta forma, un círculo de hombres de negocios fue consiguiendo interesantes privilegios: Pablo Pérez logro el monopolio de la provisión de pan al ejército; su primo Lorenzo J. Pérez lo obtuvo en prestamos de dinero, Manuel Pérez consiguió el de abastecimiento de verduras y León Pérez el de carne. Todos los beneficiarios eran, además, parientes de Otorgués, lo que daban a todo el asunto un carácter nepótico. El almacén de Juan Correa, muy amigo del caudillo artiguista, abrió una cuenta corriente para que los soldados se vistiesen y aprovisionasen a discreción y de forma gratuita; luego pasaba abultadas cuentas al flamante Consulado de Comercio de Montevideo, que autorizaba esos pagos. Y sucede que el presidente de dicho Consulado era el propio Juan Correa, que hacia así un negocio redondo a pagarse a si mismo lo que devengaban las tropas de su almacén. Al decretarse la secularización de los diezmos – recibidos antes por las autoridades eclesiásticas y, a partir de una disposición del Cabildo, administrados por las autoridades civiles-, que con frecuencia se pagaban con trigo, el cuerpo municipal ordeno que esa cantidad de trigo fuese repartido entre “los panaderos patriotas”, que obtenían de esa forma materia prima prácticamente gratis. De esta disposición se beneficio directamente Lucas J. Obes. Cuándo Artigas se entero de estas maniobras, y supo de las discordancias entre el Cabildo y Otorgués, dispuso la separación de este del cargo y lo envió a la frontera a vigilar los movimientos de los portugueses. Con fecha 10 de mayo, Otorgues comunico al Cabildo la decisión del Protector, y ello genero una rebelión organizada por quienes perdían así los privilegios conseguidos. Un Grupo de ciudadanos, con la tolerancia de la fuerza armada, irrumpió en el Cabildo y exigió la renuncia de este y la permanencia de Otorgues en su puesto de gobernador. Ante esa situación, virtualmente un golpe de Estado, el Cabildo dimitió y se designo un congreso electoral que debía elegir nuevos cabildantes, y que fue presidido por Lucas J. Obes. Dicho Congreso eligió a los nuevos regidores dejando fuera a Tomás García de Zúñiga y Felipe Santiago Cardazo, que se suponía eran los mas hostiles a Otorgués. El nuevo Cabildo creo entonces una junta de vigilancia encabezada por Lucas Obes que, el 19 de mayo, dicto un bando draconiano por el cual se establecía que todos los españoles debían pasar, en un plazo de tres días, por la sala de Junta a consignar su nombre y demás datos; solo si era expresamente autorizado por el organismo podía un ciudadano español seguir residiendo en la ciudad, de lo contrario debía emigrar y perdía todos sus bienes. El mismo día Otorgues, que seguía actuando como gobernador contra la expresa disposición de Artigas, ordeno a los comandantes militares de los pueblos que confiscaran los bienes de los emigrados. El 21 de mayo llego un furibundo oficio de Artigas, enterado de la desobediencia de sus disposiciones, por el cual renunciaba a su autoridad “después de que mis providencias no son respetadas ni merecen la pública aprobación”. En si, nunca quedara cabalmente claro a que autoridad renunciaba Artigas (en si, nunca renuncio), pero si esta claro que esa dimisión causo una repercusión de enorme importancia sobre todos los orientales. El Cabildo envió a Antolin Reyna y a Dámaso Antonio Larrañaga a entrevistarse con el caudillo. Calmados los ánimos del caudillo y retirada su renuncia, ya no hubo desobediencias: Otorgues dejo el cargo y marcho hacia la frontera el 20 de junio el Cabildo de Montevideo se hizo cargo del control de la ciudad y de los territorios del interior de la provincia, con el titulo de Cabildo Gobernador. El 9 de julio el caudillo nombro como comandante militar de Montevideo a Fructuoso Rivera que llego a la ciudad pocos días después, a pie y con sus bártulos en un carrito, en actitud de total acatamiento a las autoridades civiles. Para evitar que se reprodujese hechos como los anteriores, que habían revelado las dificultades de Artigas para seguir el devenir de los hechos desde tan lejos, este designo a su secretario Miguel Barreiro como delegado, con la expresa misión de oficiar de nexo entre el cuartel general de Purificación y la ciudad. La nueva etapa corrigió algunos de los principales vicios de la etapa anterior; Rivera reprimió severamente los abusos de la soldadesca, Barreiro termino con las prebendas y privilegios indebidos (Lucas Obes, Juan Correa, Juan Maria Pérez y Antolin Reyna fueron internados en Purificación; {este ultimo escapo, y sus bienes fueron confiscados) y la situación tendió a normalizarse. Sin embargo, pronto surgieron nuevas desinteligencias entre el caudillo, los regidores y su propio delegado, que tuvieron como fundamento la creciente severidad del Protector y el sesgo radical que confirió a algunos temas, en especial al que tiene que ver con la situación de los españoles y el problema de tierras.

Las primares diferencias surgieron cuando Artigas, desde Purificación, hizo aun mas estrecho el cerco que había forjado contra los españoles. Con fecha 28 de junio envió un oficio al Cabildo ordenando que fueran remitidos a Purificación todos los españoles europeos reconocidamente enemigos de la revolución. Complemento esta medida el 8 de julio al ordenar el retorno de todos los emigrados después de la toma de Montevideo por los orientales en el plazo máximo de dos meses con peligro de tener una confiscación de los bienes. El carácter “iliberal” – como lo califico con acierto Cándido Joanicó – era evidente: si los españoles permanecían en el exterior sus bienes serian confiscados, si retornaban, se les internaría en Purificación. Esta radicalidad estaba motivada por el peligro de la llegada de la expedición reconquistadora de Motillo, que finalmente fue a otras regiones del continente, pero molestaba, como ya se ha señalado, de manera notable la mentalidad del común de los montevideanos. Por otra parte, también es claro que el caudillo tenia a en la cabeza la solución que daría al problema de la tierra en su reglamento del mes de julio, y quería disponer de la mayor cantidad de tierra que le fuera posible. Aunque ya no acontecían los abusos y excesos de la época anterior, el dominio artiguista era crecientemente percibido por una parte cada vez más extensa de la población de la capital como una tiranía. La renuncia del Cabildo a obedecer estas órdenes determino que la correspondencia del caudillo adquirieron un tono cada vez mas autoritario. Ya había advertido, al ordenar la sustitución de autoridades, que los “padres de la Patria” debían ser “mas inexorables por su deber. De lo contrario aun me sobran fuerzas para firmar su exterminio”. Y en julio, escribía a Rivera en estos términos:

Dígame Ud. por Dios, en que consiste que los europeos no salen de ese pueblo, y que han tanta inacción en el que no advierto un solo rasgo que me inspire confianza. El gobierno me muele con representaciones, pretextando mil conveniencias, los particulares lo mismo; de modo que me hacen creer que entrando en esa plaza todo se contamina. De aquí nace la falta de uniformidad en la opinión. Unos acribillan a otros con sarrecenismo y esparanismo, todo se entorpece y la causa es la que padece. Con esta fecha doy mi última providencia y digo al Cabildo y a Barreiro lo conveniente; y si no veo un pronto y eficaz remedio, aguárdeme el día menos pensado en esa. Pienso ir sin ser sentido, y vera Ud. si me arreo por delante al gobierno, a los sarracenos, a los porteños y a tanto malandrín que no sirven más que para entorpecer los negocios. Ya estoy tan aburrido que vera Ud. cómo hago una alcaldada y empiezan los hombres a trabajar con más brío.

Las formas liberales del Protector en 1813 poco a poco se fueron quedando a un lado, y el caudillo aparecía cada vez mas autoritario. En este clima de creciente desencuentro entre la acción del Cabildo – y del propio Miguel Barreiro – y el caudillo, se adoptaron sin embargo algunas medidas importantes: el territorio provincial se dividió en 6 departamentos, se reorganizo el Consulado de Comercio, se tomaron medidas contra el sacrificio de vientres vacunos y fuga de ganados hacia Portugal por vía del contrabando, se difundió la vacuna antivariólica, se fundo la primera biblioteca publica (sobre la donación de libros realizada por el padre José Manuel Pérez Castellanos), cuyo director fue Dámaso Antonio Larrañaga, y se fundaron dos escuelas publicas y gratuitas, una en Montevideo y otra en Purificación. Se fundo la Casa de Comedias, inaugurada con una obra de Bartolomé Hidalgo titulada Sentimientos de un patriota.


El Reglamento de Tierras

Artículo principal: Reglamento provisorio de 1815 de la campaña y seguridad de sus hacendados

El Cabildo Gobernador, necesitando de fondos, había seguido una política fiscal muy severa que provocaba la disconformidad de los comerciantes e industriales. A la misma se opuso Artigas (“la sola voz contribución me hace temblar”, llego a escribir), pero en compensación, estrecho al máximo el cerco sobre los extranjeros y orientales enemigos de la revolución a efectos de hacerse con una importante masa de bienes raíces. Se ordeno decomisar los buques de extranjeros que estaban en la bahía cargados de cueros y otros efectos y se ordeno la expropiación del ganado perteneciente a los emigrados. Con esta base económica el caudillo abordo el viejo problema del “Arreglo de los campos”, en lo que se considera su medida económica y social mas trascendente. La propiedad de enormes latifundios por parte de destacados personajes de Montevideo, el fenómeno de los pequeños productores rurales que trabajaban en los campos que no les pertenecían a titulo de meros ocupantes y la falta de definición de la propiedad de los ganados eran fenómenos que se arrastraban desde tiempos de la Colonia, y que el gobierno de Montevideo de aquella época había tratado de “arreglar” a través de la acción de Félix de Azara, del que Artigas había sido colaborador. A estas indefiniciones había que agregar la situación de extrema inseguridad reinante en la campaña, recorrida por gauchos sin ocupación fija y, desde el estallido de la revolución, por partidas de desertores y gente armada que campaneaba por sus fueros. Artigas abordo este tema fundamental, porqué de el dependía en gran proporción la sociedad que iba a crearse, con dos objetivos básicos: primero, generar condiciones de seguridad que permitieran el normal desarrollo de las faenas rurales, y el segundo, asentar en la tierra a los gauchos y demás población trashumante y convertirlos en pequeños productores. Para que ello fuera posible, era necesario contar con una masa de tierra a repartir, con ganado e instrumentos de labranza y con la decisión política de desconocer el derecho de propiedad que sobre esas tierras y ese ganado tenían los enemigos de la revolución. Este objetivo social fue uno de los fundamentos esenciales del acoso del caudillo a los españoles y demás desafectos.

En línea de acción, expresada en el Reglamento provisorio de 1815 de la campaña y seguridad de sus hacendados aprobado en Purificación por Artigas el 10 de septiembre de 1815, genero, mas allá de sus disposiciones concretas y de la polémica sobre su aplicación, una gran distancia entre dos concepciones del proceso revolucionario. Por un lado, las de las clases altas de Montevideo, que veían en el la emancipación del yugo colonial, pero que pretendían mantener, con mínimos cambios, la estructura social preexistente, que les permita conservar sus privilegios. Y por el otro, la de la población rural en armas, que aspiraba legítimamente a una redistribución de los bienes, y en particular de la tierra, para mejorar su situación en la nueva sociedad. Esta dicotomía se centro básicamente en la propiedad, para aquellos, esta era, de acuerdo con las concepciones del liberalismo burgués y revolucionario, uno de los más sagrados derechos naturales del hombre, y debía ser respetada por encima de toda consideración. De ahí que la expropiación forzosa de los bienes de españoles en Montevideo. Para las clases postergadas del medio rural, en cambio, no tenia sentido el combate contra los “godos” (realistas montevideanos) si, expulsados estos, iban a seguir viviendo como antes. La revolución, y aunque difícilmente se lo plantearían en estos términos, debía significar una alteración social profunda de la estructura colonial. Por ello, la aspiración del reglamento termino por separar de manera definitiva a Artigas, respecto de los propietarios y comerciantes que en un principió lo habían acompañado.

La base del plan de Artigas consistió en utilizar los bienes de los enemigos “no solo los españoles sino de todos aquellos que se opusieran abiertamente al proceso revolucionario” y repatriarlos entre la población rural, a efectos de aferrarlo a la tierra, darles un lugar en el sistema social que se estaba creando y hacer que tuvieran algo propio que defender.

El reglamento artiguista puede dividirse, al comprender su estudio, en dos partes, perfectamente diferenciadas en su denominación: por un lado, el fomento de la campaña, y por el otro, la seguridad de sus hacendados.

El texto comienza con una división administrativa de la provincia (o de la parte de ella situada al sur del Río Negro) y la creación de una burocracia jerarquía encargada de aplicar las disposiciones. Ese territorio se dividía en cuatro circunscripciones administrativas (luego ampliadas a cinco); en cada una de ellas se nombraban jueces pedáneos que vigilaran la distribución de las tierras y los demás instrumentos y el cumplimiento de las obligaciones establecidas por parte de los beneficiarios. Estos jueces eran dependientes del los subtenientes de provincia, los cuales, a su vez, dependían del alcalde provincial, y este del Cabildo Gobernador.

Se constituía luego una masa de tierra a repartir formada por las tierras realengas (o sea, de propiedad publica) y las expropiadas a “todos aquellos emigrados, malos europeos y peores americanos”, salvo que hubiesen recibido el beneficio de un indulto. Se incluían todos los terrenos desde 1811 hasta la entrada de los orientales en Montevideo (1815) hubiesen sido vendidos o donados por los sucesivos gobiernos; si la venta hubiese sido hecha en beneficio de extranjeros, se dispondría de todo el terreno; si se hubiese hecho, en cambio, a favor de un oriental, se compensaría a su propietario expropiado con una suerte de estancia. Por estas expropiaciones no se pagaba indemnización alguna, pero se especificaba que si el confiscado tenia hijos, se reservaría a estos lo necesario para su manutención. El ganado de las tierras decomisadas serviría al mismo fin, al igual que aquel que no tuviese dueño establecido.

Esta tierra y estos ganados serán repartidos sin costo a favor de quienes se presentaran como aspirantes. El orden de preferencia esta claramente especificado en un pasaje que ha sido comentado y elogiado de manera abundante:

El Sr. Alcalde Provincial y demás subalternos […] revisaran, cada uno en su respectiva jurisdicción, los terrenos disponibles y los sujetos dignos de esta gracia, con la prevención de que los mas infelices serán los mas privilegiados. En consecuencia, los negros libres, los zambos de igual clase, los indios y los criollos pobres, todos podrán ser agraciados con suertes de estancia si con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad y a la de la provincia.

Se establece luego que tendrán preferencia las viudas pobres con hijos, los casados a los solteros y los americanos a cualquier extranjero. Este criterio de preferencias de carácter eminentemente social ha sido presentado como la expresión máxima del Artigas revolucionario y justiciero. En realidad el Reglamento no hace sino recoger una vieja formula del derecho español, aplicado cuando se procuraba probar un área determinada. Lo que le confiere, sin duda, carácter revolucionario no es mera enunciación de esa formula, sino las circunstancias particular5es del caso: aquí no se trataba de fomentar la población de territorios vírgenes, sino que se estaban expropiando tierras de personas concretas y repartiéndoselas entre los pobres. Es ese factor lo que explica la renuencia del Cabildo Gobernador a cumplir estas disposiciones del Reglamento y la convicción de la clase propietaria de que se estaba frente a un despojo liso y llano (Francisco Bauzá mas de medio siglo mas tarde, todavía empleaba este calificativo). El traslado de la propiedad de amplias áreas de tierra desde sus antiguos dueños confiscados al poblerío rural adquiere un carácter revolucionario que no se puede desconocer. Conviene observar también que los esclavos quedaban fuera de todo beneficio (se había de los “negros libres” y de los “zambos de igual clase”). Su indiferencia ante la institución de la esclavitud es la más seria contradicción del Artigas revolucionario. Cada beneficiado recibiría una suerte de estancia, que comprenderá una legua y media de frente por dos de fondo (unas 10.800 cuadras). Estas medidas no serian tomadas en sentido estricto, sino que podrían modificarse de tal forma de asegurar linderos fijos que evitaran problemas y aguadas para todos. Junto a la tierra cada beneficiario recibirá siempre sin costo, un numero de cabezas de ganado no especificado (las que se pudieran reunir, repartidas “con igualdad”) y otros instrumentos de labranza. A su vez, el favorecido debía cumplir ciertas exigencias: en el termino de dos meses debía constituir un rancho y dos corrales, con un mes de tolerancia. La omisión determinaba la perdida del beneficio. Por supuesto, "los bienes recibidos no se podrán vender ni enajenar hasta el arreglo formal de la provincia". Hasta aquí, lo que hace al fomento de la campaña. La seguridad de los hacendados estaba protegida por la creación de un cuerpo de policía de campaña. En cada circunscripción esta fuerza estaría compuesta como mínimo por ocho soldados y un sargento dependientes del alcalde provincial, y de cuatro soldados y un cabo a las órdenes de cada teniente de provincia. Le tocaría al Cabildo decidir en cada caso si esta tropa se integraría con vecinos “que deberán mudarse mensualmente” o con soldados profesionales. El objetivo de la policía de campaña será el de desterrar a los vagamundos y aprehender malhechores y desertores. Los vagos serian remitidos al cuartel general “para el servicio de las armas”. Cualquiera que cometiese “algún homicidio, hurto o violencia con cualquier vecino de su jurisdicción” seria remitido al gobierno de Montevideo para ser juzgado.

Aplicación del Reglamento

Durante mucho tiempo se sostuvo, en al histografia uruguaya, que el Reglamento había despertado poco interés entre la población, y que se habían presentado escaso numero de personas a los registros de posibles beneficiarios. Lucía Sala de Touron, Julio Carlos Rodríguez y Nelson de la Torre, han demostrado que no fue así, y que pese a que al aplicación de la ley artiguista fue muy breve en el tiempo, dejo en la sociedad rural oriental una huella profunda que era de esperar. La población acudo la llamada de la disposición agraria, y los interesados en recibir los beneficios fueron muchos; pero la distribución choco con serias resistencias que dificultaron su aplicación. Por su parte, los estancieros criollos, que aspiraban a aumentar sus propiedades con la tierras de los emigrados, se constituyeron en una junta de hacendados e hicieron valer su influencia sobre el Cabildo para demorar y distorsionar el cumplimiento de las disposiciones artiguistas. Y por el otro, el propio Cabildo, que “recibió el Reglamento con fría y afectada aprobación”, demoro y remoloneo hasta donde le fue posible con el preciso objetivo de que la distribución de las tierras fuera lenta y escasa. Miguel Barreiro, delegado personal de Artigas, secundo este proceder, lo que le fue enajenando la confianza del caudillo. El Reglamento se aprobó el 10 de septiembre, y hasta noviembre el Cabildo no designo a los funcionarios responsables de su aplicación Estos fueron, a saber: Juan de Leon como alcalde provincial, Raimundo González, Manuel Durán, Manuel Cabral e Hilario Pintos como subtenientes de la provincia. A esta tardanza se sumo la defensa que el cuerpo hizo de algunos confiscados a los que consideraba neutrales y susceptibles de regresar al territorio oriental, cosa que si se probase cierta les permitiría recuperar sus bienes. Las tierras, entonces, se repartieron con morosidad e irregularidad. Una de las maniobras mas comunes fue la de aceptar un arreglo entre el emigrado susceptible de confiscación y un personaje insospechable de la sociedad montevideana que aparecía como comprador o beneficiario de una donación de esas tierras. De esta forma, se las quitaba de circulación como repartibles. Esa postura del Cabildo, expresión notoria de la disconformidad de sus integrantes respecto a la solución artiguista, distorsiono toda la aplicación de la misma. Porque ante la injustificada tardanza, los caudillos rurales artiguistas comenzaron a repartir tierras por su cuenta, y al margen muchas veces de las propias disposiciones del Reglamento. Como Artigas, cada vez mas radicalizado ante la actitud de los organismos de Montevideo, que con buenas razones consideraba casi responsables de un boicot, se pronuncio sistemáticamente en respaldo de esos repartos irregulares, todo adquirió un carácter caótico qué no debió tener. Uno de los casos mas notorios de repartos irregulares tuvo como protagonista a Encarnación Benítez, caudillo artiguistas de los pagos de Soriano. Ramón de Cáceres, protagonista de los hechos lo narraba así:

"Era un pardo muy grueso, cuya figura imponía respeto, o temor. Usaba bota de medio de medio pie y estiraba con los dedos sobre el estribo. Quisiera detallar su traje y maneras, pero me parece demasiada minuciosidad. Me contentare con decir que, a pesar de que yo era un oficial de Artigas, le tuve miedo."
Maiztegui Casas

Dada la tardanza con la cual Manuel Durán se hizo cargo de sus funciones, Encarnación comenzó a repartir tierra y ganado entre los suyos. Y en este reparto encontraron campos pertenecientes a Julián de Gregorio Espinosa, un hacendado que tenía estrecha amistad con Fructuoso Rivera. Espinosa, había adquirido campos por donación de Melchor Albín, un emigrado españolista que había integrado las “partidas tranquilizadoras” en tiempos de Vigodet. EL Cabildo, informado de esta situación, ordeno el desalojo de los beneficiarios y la devolución de los bienes a quien decía ser su propietario, considerado un patriota y defendido por Rivera. Encarnación hizo escribir entonces una carta a Artigas que según el historiador uruguayo Maiztegui Casas, esta carta es mejor que una biblioteca entera el para entender el concepto de los desposeídos terminan por entonces de la revolución que cargaban sobre sus espaldas:

"El clamor genera es: nosotros hemos defendido la patria y las haciendas de la campaña, hemos perdido cuanto teníamos, hemos expuesto nuestras vidas […] ¿Y es posible que los que desde el padre hasta el ultimo negro en todo nos han perseguido y procurado de todos modos nuestro exterminio, sigan ellos disfrutando su mala conducta y antipatriótica versación, sean estos enemigos declarados del sistema los que ganan después de habernos hecho la guerra y tratarnos como enemigos?, ¿Son ellos los que ganan y nosotros los que perdemos? […] El asunto es que V.E. me diga si la devolución de los campos usurpados por los Albines es de su voluntad o no; y si el Cabildo de Montevideo procede de acuerdo con V.E. o no."
Maiztegui Casas

Esta presunta hostilidad entre algunos caudillos artiguistas como Encarnación y el pueblo rural se puede entender debido a la rustica fuerza primitiva de algunos de los caudillos artiguistas, que a pesar de ser fieles a la causa eran también en su indisciplina y en su alzamiento, contrarios de las disposiciones del Reglamento y el mandato de las autoridades patricias de Montevideo.

Un oficio del Cabildo Gobernador, exponiendo sus quejas contra Encarnación a Artigas, muestra claramente la vision de los hacendados sobre la aplicación de este polémico Reglamento de tierras denotando claramente el conflicto preexistente entre el Cabildo doctoral y el caudillaje rural y también es un vivido registro de los conflictos de Encarnación y los hacendados:

“al frente de un tropel de hombres, perseguidos por sus desordenes, o por vagos o por sus crimines, atraviesa los campos, destroza las haciendas, desola las poblaciones, aterra al vecino y distribuye ganados y tierras a su arbitro […] El arreglo de la campaña […] le es imposible verificar mientras subsista en ella, el desertor encarnación y los forajidos que le acompañan.”
Tabaré Melogno

Sin lugar a dudas, gracias principalmente a la acción de estos caudillos artiguistas este periodo de “apogeo de la revolución” es reconocido por una gran parte de la histografia uruguaya como. La “dictadura paisana”, un episodio que resulta apropiado nombrar y que le dan crédito absoluto a este nombre de “dictadura paisana” es el momento de la muerte de Encarnación Benítez que murió combatiendo contra los portugueses, la historiadora uruguaya Ana Ribeiro en su libro “El Caudillo y el Dictador” transcribe la parte del oficial portugués que le dio muerte que figura en el Archivo Artigas, cuya elocuencia merece transcribirse:

A pocos días de mi llegada trate de sorprender la división del caudillo Encarnación Benítez, azote y terror de la Colonia y de todos los pueblos de la margen izquierda del río Uruguay. Revestido este asesino de los poderes de Artigas asolaba la campaña con sus degollaciones, cuya historia no puede oírse sin horror. Tomé mis medidas y al amanecer del 25 me halle sobre su campo en la costa del río de San Juan. Se puso en defensa con su destacamento de 140 soldados de caballería, pero nuestros escuadrones los arrollaron y batieron en pocos minutos. Encarnación, un fraile que lo acompañaba en sus correrías y algunos soldados quedaron en el campo; los demás fueron prisioneros, a excepción de unos pocos que se escondieron en el bosque. V.E. no podrá formar una idea del contento y alegría de este pueblo y de todos sus habitantes por la muerte de Encarnación y destrucción de sus fuerzas. El pueblo se ilumino por tres días y todos corrieron con placer a ver el cadáver de aquel monstruo; tal era el terror que había infundido en estas comarcas la barbaridad de este hombre sanguinario.

Aunque algunos escritores aseveran que esta es una nueva versión de la llamada "[[Leyenda Negra]]" antiartiguista[1] , pero lo que es cierto es que los oficiales portugueses luego de las batallas en sus oficios cuando describían las cifras de perdidas del bando portuguesa y el bando artiguista estas cifras solían ser altamente desproporcionadas, (como tal lo demuestra el historiador Eduardo Acevedo Díaz, según los partes de batalla portugueses unos 1.000 artiguistas fueron muertos o capturados en la campaña de las Misiones Orientales y 2 en las filas portuguesas; 280 muertos en lbirocay y 2 portugueses; en la batalla de Carumbé murieron 600 orientales y 26 portugueses; en Catalán, como ya artiguistas y 78 portugueses, cifras que son totalmente risibles). A pesar de esto, es de suponer que existía una gran problemática entre el pueblerio rural y algunos caudillos artiguistas que adoptaban medidas totalmente contraproducentes y totalitarias que resultaban perjudiciales a la causa revolucionaria.

Reglamento de Aduanas

Parte de el Reglamento de Aduanas

El intento mas serio de construir una política económica común en el Protectorado la realizo Artigas con su aprobación del Reglamento Provisional de Aranceles, o Reglamento de Aduanas, aprobado el 9 de septiembre de 1815 en Purificación.

En el mismo el caudillo consolido un cambio de criterio que la realidad le había demostrado como necesario en materia comercial. Del libre comercio predominante en las Instrucciones del año XIII, paso a un definido proteccionismo, que definirá la política de todos los gobiernos federales del área hasta la ley de Rosas de 1835. Esta evolución señala el pasaje del caudillo provincial que era Artigas en 1813 al gobernante de una área amplísima que llegaba hasta zonas muy alejadas de los puertos, en las que existía un desarrollo artesanal que creía necesario proteger.

El Reglamento establecía que los puertos de la Confederación (Liga Federal) la tasa por importación de las mercaderías extranjeras seria del 25% sobre su valor de venta. Si los artículos eran de consumo popular (tabaco negro, papel, azúcar, carbón de piedra, losa, vidrios) pagarían un 15%; en cambio, si eran competitivos con lo que se fabricaba en la zona los aranceles oscilarían entre un 30 y 40% (caldos y aceites, ropas hechas, calzado, etcétera). Si los productos eran importados de algún país americano el arancel bajaba verticalmente al 4%; un 5% pagarían productos provenientes de otras regiones de las Provincias Unidas que fueran competitivos con la producción local (nueces y pasas de San Juan, lienzos y algodón de La Rioja y Catamarca, yerba y tabaco del Paraguay, ponchos, jergas, aperos, harinas y trigos. Algunos productos estaban libres de todo arancel y podían introducirse libremente, por considerarse de gran necesidad: máquinas e instrumentos de ciencia y arte, libros, imprentas, pólvora (aunque José Artigas construyo una fabrica de pólvora en Misiones para terminar con la dependencia de este producto), azufre, salitre, medicinas, armas, plata y oro.

Las exportaciones estaban gravadas con un 4% de impuesto con excepción de los cueros, que pagarían un 6% más un real por unidad. La exportación de objetos de plata y oro se recargaba con un 8%; lo mismo pagarían los cueros de nutrias y venados, el sebo, los cueros y las chapas. Se podrían exportar libremente, sin pagar arancel, las harinas y galletas fabricadas en el área. Se establecía que los buques que hubieran pagado las tasas correspondientes en cualquiera de los puertos del protectorado quedarían eximidos de pagarlas nuevamente en otros. Reyes Abadie, Bruschera y Tabaré Melogno, en su obra El ciclo artiguista, afirman que se creaba así una unión aduanera que ascendía a las provincias de la Liga Federal de la categoría de alianza ofensivo-defensiva a la de unidad económica. Todo este trafico comercial se canalizaba a través de los puertos de la Banda Oriental, y fundamentalmente a través de Montevideo, que vivo en aquellos meses momentos de gran prosperidad.

Las políticas para los pueblos Indígenas

La resistencia de las oligarquías blancas urbanas a la integración del indio, mezcla confusa de desprecio y terror no era solo patrimonio del patriciado de las capitales portuarias. Fue este un punto donde no existió siempre entendimiento entre Artigas y los caudillos militares del litoral, singularmente con los de las zonas correntinas y santafecinas. El recuerdo de las antiguas tropelías de las tribus salvajes y las fuerzas artiguistas, causaba rechazo y prevención, en la cual se estrellaban las buenas razones de Artigas.

El 3 de mayo de [[1815] escribía al Gobernador de Corrientes, indicando las pautas para una nueva conducta.

El derrotismo, despilfarro y corrupción de los administradores de los pueblos de los indios, legado que pesaba sobre las reducciones indianas desde los inicios de la colonización, conductas que el Protector no las creía extrañas, por ser, “conductas tan inveteradas” (conductas tan arraigadas), que ya era necesario de una ves y por todas borrar, en la inteligencia de que “lo que dicta la razón y la justicia es que los indios nombren los administradores ellos mismos” según el mismo Artigas. Importa más que la medida – y la recomendación al Gobernador de que visitase personalmente las reducciones, para inspeccionarlas y “servirle de satisfacción y de consuelo al ver los pueblos su dependencia en sosiego”- las razones en que se funda:

“Yo deseo que los indios, en sus pueblos, se gobiernen por si, para que cuiden sus intereses como nosotros los nuestros. Así experimentaran la felicidad práctica y saldrán de aquel estado de aniquilamiento a que los sujeta la desgracia. Recordemos que ellos tienen el principal derecho y que seria una degradación vergonzosa para nosotros, mantenerlos en aquella exclusión vergonzosa que hasta hoy han padecido, por ser indianos. Acordémonos de su pasada infelicidad y si esta los agobio tanto, que han degenerado de su carácter noble y generoso, enseñémosles nosotros a ser hombres señores de si mismos. Para ellos demos la mayor importancia a sus negocios. Si faltan a sus deberes, castígueseles; servirá para; servirá para que los demás se enmienden, tomen amor a la Patria, a sus pueblos y a sus semejantes”.

Las palabras, pronto se convertirían en obras. En 1816, el Protector iniciaba en Purificación un ensayo de nucleamiento y colonización, con indígenas guaycurúes y abipones, tribus ambas procedentes del norte chaqueño. El [[22 de junio ya estaban los guaycurúes “reducidos a nuestra sociedad”, ya en esa fecha, llegaban al Cuartel General cuatrocientos indios abipones “con sus correspondientes familias y sus cuatro caciques”, a los que “he podido traer” –dice Artigas – por intermedio de su “principal José Benavídez”. El 2 de enero, había escrito al Gobernador de Corrientes, comunicándole el propósito del tal José Benavídez de “recoger sus familias del otro lado y traer todos los naturales que puedan y quieran pasarse a esta Banda”, pidiéndole, entre tanto, “se le asigne un lugar donde pueda permanecer con sus naturales y sus familias, sin prejuicio del vecindario y con utilidad de ellos propios”. En la nota del 9 de enero, replica a las quejas del Gobernador, e informa que ya marcharon algunos a la otra Banda para atraer los futuros colonos. “Si mi influjo llegase a tanto, agrega, que todos quisieran venirse, y los admitiría gustosamente. V.S. hágales esta insinuación, que yo cumpliré con mi deber”; si, en cambio, continúan en sus correrías, el Gobierno debe reducirlos. Pero, sentenciosamente, agrega, trazando un esquema vigoroso de las posibilidades de colonizar con la mano de obra indígena sobre los yermos campos de los enemigos:

“Cuando los indios pasan del otro lado es por vía de refugio y no de hostilización. En tal caso ellos estarán sujetos a la ley que V.S. quiera indicarles, no con bajeza y con un orden posible a que ellos queden remediados y la Provincia con esos brazos más a robustecer su industria, su labranza y su fomento. Todo consiste en las sabias disposiciones del Gobierno. Los indios, aunque salvajes, no desconocen el bien y aunque con trabajo, al fin bendecirán la mano que los conduce al seno de la felicidad, mudando de religión y costumbres. Este es el primer deber de un magistrado, que piensa en cimentar la pública felicidad. [...] V.S., encargado de ella, podrá, de tantos enemigos como tiene el sistema y emigrados, señalarles un terreno de esos individuos donde se alimentasen y viviesen bajo un arreglo, siendo útiles a si y a la Provincia, según llevo indicado. V.S. adopte todos los medios que exige la prudencia y la conmiseración con los infelices y hallará en los resultados, el futuro de su beneficencia”.

A demás de constituir pueblos para la población indígena el Caudillo pidió al Cabildo Gobernador que les enviase “útiles de labranza, arados, azadas, algunos picos y palas, igualmente algunas hachas, para que empiecen estos infelices a formar sus poblaciones y emprender sus tareas”, debido a estas políticas, un gran numero de indígenas emigro hacia la Banda Oriental,a pesar de las dificultades imperantes, propiciadas por algunas autoridades.

Referencias

Obtenido de "El apogeo de la revoluci%C3%B3n"

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