Derecho de participación en los asuntos públicos

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En España el principio democrático de la Constitución española de 1978 (CE) supone que los poderes del Estado emanen del pueblo según el artículo 1.2 de la CE que establece que el sujeto de la soberanía nacional es el pueblo. Ello se traduce en el reconocimiento a los ciudadanos de derechos específicamente encaminados a la formación de esa voluntad. La constitución establece un mandato a los poderes públicos, en su artículo 9.1 en el sentido de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Como reflejo, en el texto constitucional se prevén supuestos y formas muy distintas de participación, que incluyen la participación política pero que no se limitan a ésta. Por ejemplo, el artículo 48 se refiere a la “participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural”; el artículo 125 prevé “la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado” y el artículo 129.1 se refiere a las “formas de participación de los interesados en la Seguridad Social”. El artículo 23 de la CE establece las formas de participación política consistentes en elegir y ser elegido para cargos representativos de índole política así como acceder a funciones públicas, incluyéndose tales formas de participación dentro de los derechos y libertades fundamentales objeto de una amplia garantía constitucional.

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