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Banca Catalana
Banca Catalana fue una entidad financiera creada en marzo de 1959 por Florenci Pujol i Brugat, su hijo Jordi Pujol y Francesc Cabana i Vancells, con la compra de la Banca Dorca de Olot por un grupo de personas de sectores económicos diversos. En 1961 trasladó su central a Barcelona y cambió su nombre por el de Banca Catalana.
Contenido
Origen y expansión
Gracias a una nueva ley de Ordenación Bancaria aprobada por las autoridades franquistas, durante las decadas de 1960 y 1970 se expandió y abrió oficinas por toda Cataluña, las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana, asi como en Madrid, Zaragoza, Bilbao y San Sebastián. Suele decirse que la entidad financió actividades catalanistas de todo tipo, incluso el fichaje de Johann Cruyff por el FC Barcelona en 1974.[1]
En 1971 absorbió el Banco de Expansión Comercial de Capellades, y en 1980 el Banco Mercantil de Manresa y el Banco de Barcelona, al tiempo que integraba el Banco Industrial de Catalunya con caracter de socio mayoritario. Incluso, a petición del Banco de España, se hizo cargo del Banco de Gerona (1975) y del Banco Industrial del Mediterraneo (1979), que atravesaban por dificultades. Entre 1974 y 1976 repartió 516 millones de pesetas en dividendos, pese a que tenía un déficit de 11.086 millones, y se realizaron algunas inversiones sobre las que posteriormente se detectaron irregularidades (como la de Montigalà, en Badalona).[2]
En 1981 era el décimo grupo bancario español y el primer grupo bancario catalán, con unos depósitos de 262.226 millones de pesetas, una red de 352 oficinas y 5.226 empleados. Mantenia posiciones de control sobre el Banco de Alicante y el Banco de crédito e Inversiones y tenía delegaciones en Londres, París y México.
Caso Banca Catalana
En 1982 entra en crisis cuando un falso anuncio de suspensión de pagos provocó una salida del 38% de los depósitos de la mayor parte de entidades financieras catalanas. Los primeros intentos de solución fracasaron, y como uno de los directivos de los años setenta fue el entonces presidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol i Soley, el caso cobró connotaciones políticas. El Banco de España nombró tres administradores en noviembre de 1982, que anunciaron un fuerte desequilibrio patrimonial, la reducción del capital y una fuerte ampliación para revitalizar la entidad en noviembre de 1982, que sería cubierta por el Fondo de garantía de depósitos.
En 1983 el grupo fue traspasado a un consorcio formado por toda la gran banca española, de manera que en 1984 el Banco de Vizcaya se hizo con el 89% de las acciones de Banca Catalana y con el control del Banco Industrial del Mediterráneo, Banco de Barcelona y Banco Industrial de Cataluña. En mayo de 1984 Jordi Pujol fue incluido en la querella presentada por la Fiscalía General del Estado dirigida por Carlos Jiménez Villarejo contra los exdirectivos de la entidad, y fue objeto también de duros ataques en los artículos de Alfonso Quintà en el diario El Pais. En octubre de 1984 el magistrado Ignacio de Lecea tomó declaración a Pujol durante dos horas y media en su residencia oficial de la Casa dels Canonges, trámite en el que también estuvieron presentes el fiscal Carlos Jiménez Villarejo y José Maria Mena, y los abogados defensores Joan Piqué Vidal y Juan Córdoba Roba.
El juez dió por concluida la instrucción del sumario en mayo de 1986, después de haber recopilado más de 3.000 folios en nueve volúmenes, que se complementaban con cerca de 65.000 folios de documentación. Un mes después, los fiscales Mena y Villarejo presentaban la petición de procesamiento de los 18 exconsejeros del banco, entre ellos Pujol, por presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosas. Sin embargo, en noviembre de 1986, reunido el pleno de la Audiencia de Barcelona para decidir sobre esta petición, 33 magistrados votaron en contra de procesar a Pujol al estimar que no había indicios racionales de criminalidad en su actuación como vicepresidente ejecutivo de Banca Catalana, mientras de 8 jueces se pronunciaron a favor del procesamiento. La instrucción del caso continuó para el resto de acusados, pero en marzo de 1990 la Audiencia de Barcelona decretó el sobreseimiento definitivo del sumario contra los antiguos consejeros al no encontrar indicions suficientes de delito, aunqué consideró que se pudo llevar a cabo una gestión imprudente e incluso desastrosa.[3]
El fin de la entidad
En 1988 pasó a formar parte del grupo Banco Bilbao Vizcaya (BBV), desde 2000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Ese año el grupo decidió la absorción total de Banca Catalana, eliminando la denominación y todos los signos externos.
Los 25 implicados
Los implicados en la querella fueron[4] Jordi Pujol, Jaume Carner i Suñol, Raimon Carrasco, Francesc Cabana i Vancells, Andreu Ribera i Rovira, Oleguer Soldevila Godó, Víctor Sagi i Vallmitjana, Josep Lluís Vilaseca i Guasch, Joan Baptista Cendrós i Carbonell, Joan Martí i Mercadal, Martí Rosell Ballester, Manuel Ingla Torra, Delfi Mateu i Sayos, Francesc Constans Ros, Esteve Renom Pulit, Joan Casablancas i Bertran, Salvador Casanovas i Martí, Antoni de Moragas i Gallissá, Joan Millet Tusell, Ramón Miquet Ballart, Lluís Montserrat Navarro, Ferran Aleu Pascual, Antoni Armengol Arnau, Pere Messeguer Miranda i Ramon Monforte i Navalón.
Referencias
- ↑ Artículo sobre las relaciones entre Jordi Pujol y el Barça (en catalán)
- ↑ Artículo de El País sobre las supuestas irregularidades de Banca Catalana
- ↑ Artículo sobre la resolución de la sentencia del caso Banca Catalana (en catalán)
- ↑ Artículo de El País sobre los implicados en la querella
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