Guerra del Gas (Bolivia)


Guerra del Gas (Bolivia)
Para el conflicto entre Rusia y Ucrania de 2005/06, véase Disputa de gas entre Rusia y Ucrania.
Pintada alusiva a la estatalización del gas en una calle de Uyuni.

La Guerra del Gas es el nombre popular de una disputa social en Bolivia, centrada en la explotación de las reservas de gas natural que se descubrieron en el departamento de Tarija, a mediados de la década de 1990[1] y catalogadas conjuntamente como el segundo Yacimiento más grande de Sudamérica.

Contenido

La guerra del GAS

La guerra del gas es un nombre dado a los conflictos de octubre de 2003 relacionados a la exportación de gas natural de Bolivia a EEUU y México. El conflicto principalmente surge por la decisión del gobierno presidido por Gonzalo Sánchez de Lozada de exportar por Chile. Las principales demandas de la guerra del gas era la no exportación del gas natural hasta que exista una política para abastecer el mercado interno, de la misma manera por los precios (considerados casi de regalo) a los que se pretendía exportar el gas que eran menores de un dólar el millar de btu. La segunda demanda era una Asamblea Constituyente, es decir, crear un nuevo pacto social hacia un nuevo Estado de consenso.

Antecedentes en el gobierno de Quiroga

El conflicto comenzó en el año 2002, cuando la administración de presidente Jorge Quiroga propuso construir un gasoducto a través del territorio boliviano y chileno, hasta el puerto de Mejillones en Chile, la ruta más directa al Océano Pacífico. Sin embargo, el antagonismo hacia Chile es muy profundo en Bolivia debido a la pérdida de la salida al mar en la Guerra del Pacífico (1879 - 1884). Diversos sectores bolivianos comenzaron a vociferar y hacer campaña contra la opción del puerto chileno, exigiendo alternativas como la de un puerto peruano por donde transportar el gas, pero con la dificultad de la mayor lejanía. Según las estimaciones chilenas, la opción de Mejillones sería 600 millones de dólares más baratos. En Perú se señalaba una diferencia de no más de 300 millones. Los que se inclinan a la opción peruana dicen que también beneficiaría la economía de la región norteña de Bolivia por donde pasaría el gasoducto.

Poco antes de las elecciones presidenciales en julio de 2002, el gobierno de Jorge Quiroga pospuso la ejecución del gasoducto dejándoselo a su sucesor, alegando que no quería comprometer su posibilidad de ser elegido presidente en las hipotéticas elecciones de 2007, teniendo en cuenta la impopularidad de exportar el gas por el pueblo boliviano.[2] [3]

Sánchez de Lozada

Gonzalo Sánchez de Lozada, empresario minero que ganó las elecciones presidenciales de 2002, indicó su preferencia por la opción del puerto de Mejillones. Pero Sánchez de Lozada también evitó adoptar una declaración oficial de construir el gasoducto.

Durante el año 2003, se reavivó un período de crisis social y política, derivado en protestas exigiendo la estatalización de los hidrocarburos. Las protestas fueron dirigidas por los representantes del campesinado y minería de las diferentes regiones del país, destacándose los dirigentes indígenas Evo Morales, (dirigente sindical cocalero del trópico de Cochabamba) y Felipe Quispe (dirigente campesino del norte paceño).

Los planes

La Pacific LNG, la British Petroleum y Repsol YPF habían pronosticado una inversión de tres mil millones de dólares en territorio chileno, el precio de venta del gas era menor al dólar por millar de BTU y las ganancias aproximadas eran de mil millones de dólares de los cuales el estado Boliviano solo recibía del 18% es decir 180 millones de dólares por año. (En comparación el estado de Bolivia recibe cuatro mil millones de dólares por año).

Los planes, pasaban por exportar el gas por Chile, y vender a bajo costo gas a California y a México, ante una absoluta soberbia Gonzalo Sánchez de Lozada ratifica su decisión públicamente cuando en cadena nacional dice “el Estado soy yo” y no pretendía ceder ante los reclamos de la oposición política (liderada por el movimiento al socialismo).

Los peruanos también ofrecían a Ilo, y buscaban una mejor integración pero la historia de Bolivia muestra como se han despilfarrado los otros recursos naturales. Ante eso, la población también expresó que en esta última reserva natural de gran valor, no se iba perder la oportunidad de salir de la pobreza, especialmente reclamando por los bajos precios de exportación.

Plan República

"El Plan República" (elaborado por los departamentos de Inteligencia de las tres Fuerzas Armadas con meses de anticipación ante posibles movilizaciones sociales o de insurgencia armada, que no era necesariamente de conocimiento de la población civil, por su calificación de Top Secret), saliendo a las calles las tropas el 16 de septiembre de 2003

El 11 de septiembre de 2003, se da "alerta roja" poniendo en ejecución el "Plan República". Las tropas tomaron posiciones estratégicas ante los hechos que ocurrían en Warisata, Sorata y posteriormente en El Alto y en la ciudad de La Paz.

El General Arnez, testimonia que los regimientos: Calama, Boquerón, Vidaurre, Ranger, Aroma, Independencia, se alojaron en el Regimiento Ingavi y en otras dependencias militares desde el 8 al 10 de octubre, en ejecución -se entiende-, "del Plan República".

Enfatiza que recibió órdenes de custodiar Senkata el 9 de octubre, a las 11 y que el 10 de octubre recibió órdenes de escoltar las cisternas desde Senkata, enviando varios vehículos blindados. Expresa que en fecha 11 de octubre arribó a El Alto y a la ciudad de La Paz el primer convoy transportando gas licuado (GLP) para consumo de la población, más un carro cisterna para eventualidades.[4]

Conflicto y muerte

Un mes antes que se emita el Decreto 27209/03 los militares efectuaron represión en contra del pueblo indefenso en Warisata, Sorata, para culminar su accionar en "Octubre Negro".

Los pobladores de la ciudad de El Alto, con personas de los pueblos andinos que llegaron a la ciudad del Alto a reclamar por gas, son los protagonistas principales del conflicto de octubre de 2003. Este empieza más o menos en los primeros días de octubre, especialmente cuando El Alto declara un paro cívico. El día 13 de octubre, el gobierno decide llevar un convoy con gasolina y víveres para algunas familias de la ciudad de La Paz. En la zona de la portada, militares con armas de guerra y grandes ametralladoras empiezan a disparar contra un población, armada de palos y piedras; los helicópteros empiezan a disparar contra los techos de las casas y crecen las constantes denuncias mediáticas de los asesores estadounidenses en Bolivia.

En el conflicto muere un niño de cinco años que había salido al balcón de su casa y recibió un balazo, con un tiro certero de los militares parapetados en el puente de la ceja de El Alto, y con línea directa a la casa del niño. Mueren alrededor de 65 personas y los dirigentes de las organizaciones y comunidades claman la renuncia de Sánchez de Lozada, ante eso se suman otras organizaciones como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo, los residentes bolivianos en el exterior, etc., que buscaban la pacificación del país. Las marchas en contra de Sánchez de Lozada se extienden en todo el territorio nacional y la ciudad de La Paz, también se manifiesta desde todas sus latitudes. Ante tremendo clima hostil y ante un presidente que había optado por matar a la población hacen crecer las presiones de renuncia, más al ver compatriotas inocentes muertos. El 17 de octubre Gonzalo Sánchez de Lozada decide huir del país dejando su renuncia en el congreso. Las imágenes de televisión mostraban como asumía el presidente Carlos Mesa mientras Sánchez de Lozada abandonaba el país.

Dentro de lo sucedido, la característica principal fue el enfrentamiento entre las fuerzas armadas y la población indefensa. En El Alto, la Federación de Juntas Vecinales, FEJUVE encabezaba la resistencia, y la paz se logra después de la renuncia de Sánchez de Lozada.

Cabe destacar que en el afán por mantenerse en el cargo, el presidente Carlos Mesa emite el Decreto Supremo N° 27237 que otorga amnistía a todos los actores de octubre de 2003 (liberando así a los causantes de la crisis, entre ellos Evo Morales, de enfrentar juicio). El Decreto es luego enmendado para especificar que la amnistía no aplica para los ex miembros del Gobierno, y sólo para los movimientos.

Carlos Mesa

En junio de 2005 el presidente Mesa propuso constituir una Asamblea Constituyente y convocar un Referéndum consultivo para dirimir el asunto del gas natural: una opción era permitir una mayor recaudación de impuesto y regalías por parte del Estado a las transnacionales extractoras asentadas en el país. A esta posibilidad se oponían enérgicamente los empresarios y la derecha, por considerarla demasiado gravosa. La otra opción era por la estatalización completa, como exigían los sindicatos dirigidos por Evo Morales y Felipe Quispe.

En 2005 se desencadenó otra crisis paralela, las exigencias de autonomía del departamento de Santa Cruz, la región económicamente más rica de Bolivia. Unilateralmente, dirigentes empresariales y autonomista del departamento exigían otro referéndum para dirimir el asunto autonómico.

Debido a esta disyuntiva Mesa propuso su dimisión por primera vez en marzo de 2005, sin mayor resultado que una serie de baños de masas para Mesa y la conseGDFcuente atenuación de los conflictos sociales de forma momentánea. Las protestas a favor de la estatalización por un lado y por otro las presiones de las transnacionales, empresarios y algunos países con interés en Bolivia (España, Estados Unidos, Brasil, particularmente) se acrecentaron.

Mesa, ante las continuas manifestaciones, anunció su renuncia por segunda vez en un lapso de 90 días. Según él la intransigencia de los sectores opositores impedía enfrentar la crisis. Sugirió que la única forma de resolver el conflicto sería la convocatoria de elecciones anticipadas. Sin embargo sus dubitativas acciones y su política contradicFDGFDtoria y sin una línea de acción clara habían disgustado a las clases populares, que exigieron su renuncia de manera inmediata mediante multitudinarias manifestaciones de mineros y campesinos indígenas, que una vez más paralizaron por completo la ciudad de La Paz.

Ante la negativa de los congresistas de reunirse para evaluar la renuncia Mesa, el congreso se traslada a Sucre el 9 de junio de 2005, donde también se dirigen los manifestantes, mayormente del sector minero, ante la sospecha del posible nombramiento de Hormando Vaca Diez (presidente del Senado) o Mario Cossío (presidente de la Cámara Baja) como presidente de la república. Ahí se aceptó la renuncia de Carlos Mesa. No GDFGcontentos con esto continuaron los manifestantes -sin un líder claro como si sucedió con las manifestaciones contra Sánchez de Lozada- exigiendo la renuncia de los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, ambos sucesores del Presidente saliente según la constitución. La convulsión se hizo generalizada y tras una serie de luctuosos acontecimientos que se saldaron con la muerte de un manifestante minero, el Congreso pudo reunirse tras la declinación pública de la sucesión tanto por parte de Cossio como de Vaca Diez. Se nombró al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, como sucesor constitucional. Una vez concretada la renuncia de Carlos Mesa, las protestas disminuyeron hasta desaparecer cuando el nuevo presidente convocó a elecciones anticipadas para el 4 de diciembre de 2005.

Estatalización de la industria gasífera

Archivo:El gas no se vende carajo.jpg
Un graffiti, y una mujer al lado.

Las elecciones fueron postergadas por la Corte Electoral, luego de un reclamo judicial por el reclamo de bancas por parte del departamento de Santa Cruz. Finalmente, la fecha para las elecciones generales bolivianas se fijó para el 18 de diciembre de 2005.

El año 2005, Evo Morales gana las elecciones nacionales con un histórico 54%, (por primera vez un candidato en Bolivia obtiene la mayoría de los votos). Esto significaba que no eran necesarias las alianzas post-electorales. Dentro de las principales promesas del actual presidente estaban la estatalización de los hidrocarburos y la Asambela Constituyente. El primero de Mayo del año 2006 después de negociaciones con las Empresas Transnacionales (quienes nunca había ratificado sus contratos con el parlamento nacional) se firman nuevos contratos donde el país pasa a tener la mayoría de las acciones de las empresas petroleras. A partir de la estatalización se incrementan los ingresos por la explotación del gas; primeramente por la Ley aprobada después del referéndum del gas que establecía que un 50% debía pagarse en regalías y un 18% por ciento en impuestos, para el Estado, y con la mayoría de las acciones, el estado pasa a ganar del 18% que ganaba con Sánchez de Lozada al 84% del negocio del gas.

Finalmente el día 1 de mayo de 2006, firmó un decreto que indicaba que todas las reservas del gas debían ser estatalizadas: “el Estado recupera propiedad, la posesión y el control total y absoluto” de hidrocarburos. Cumpliendo sus promesas electorales, declarando que “no somos un gobierno de meras promesas: seguimos a través en lo que proponemos y lo que exige la gente”. El aviso fue medido al tiempo para coincidir con día de trabajo el 1 de mayo. Ordenando a los militares y a los ingenieros de YPFB, de la firma del estado, ocupar y asegurar instalaciones gasíferas, Morales dio a las compañías extranjeras un plazo de seis meses como “período de transición” para renegociar los contratos, o la expulsión del país. Sin embargo, el presidente Morales indicó que la estatalización no tomaría la forma de expropiaciones o de incautaciones. El vicepresidente Álvaro García Linera dijo en la plaza principal de La Paz, que las ganancias por el gas del gobierno aumentarían hasta los $780 millones el año siguiente, ampliando casi seis veces si se compara con el año 2002. Entre las 53 instalaciones afectadas por la medida están Petrobras del Brasil, uno de los inversionistas más grandes de Bolivia, que controla el 14% de las reservas del gas del país. El Ministro de energía del Brasil, Rondeau de Silas, reaccionó, considerando el movimiento como “antipático” y contrariamente al entendimiento histórico entre su país y Bolivia. Petrobras, Repsol YPF, Plc Británico del grupo del productor BG de gas y petroleo Repsol y la francesa Total son las compañías principales del gas presentes en el país. Según Reuters, “el eco de las acciones de Bolivia donde el presidente venezolano Hugo Chávez, aliado de Evo Morales, hizo en el quinto exportador más grande de petroleo del mundo con las migraciones forzadas y las alzas del impuesto retroactivo - las condiciones del contrato que engrasan a comandantes acordó en gran parte aceptar.” YPFB pagaría a compañías extranjeras sus servicios, ofreciendo cerca de 50 por ciento del valor de la producción, aunque el decreto indicó que las compañías en los campos de gas más grandes del país conseguirían apenas 18 por ciento[5] . La negociación y aprobación de los contratos por el poder legislativo (que se realizaban por primera vez; es decir que ninguna empresa capitalizada en Bolivia cumplía con todas las formalidades de ley), tropieza con una oposición que no estaba dispuesta a discutir la aprobación de los contratos que mediante la presión popular se logra constitucionalizar los contratos petroleros.

Durante la negociación de seis meses el período hablaba especialmente con la compañía brasileña Petrobras había sido difícil. Petrobras había rechazado aumentos o la reducción a un abastecedor de servicio. Como resultado del ministro de energía boliviano atascado de las negociaciones Andres Soliz Rada dimitió en octubre y fue substituido por Carlos Villegas. “nos obligan vivir con el Brasil en una unión sin divorcio, porque ambos nos necesitamos”, dijimos las morales de Evo en la ceremonia de firma del contrato que subraya la dependencia mutua del Brasil en el gas boliviano y de Bolivia en Petrobras en la producción del gas.[6]

La estatalización, no termina en las empresas productoras, sino hoy en día se estatalizó la transportadora del gas, transredes que se encargaba de mantener y construir los gaseoductos. La estatalización de los hidrocarburos bolivianos coadyuva a la soberana decisión para la integración energética de la región sudamericana, mostrado así por los pactos realizados entre Argentina, Bolivia. Brasil, y Venezuela por la integración energética sudamericana.

Las negociaciones entre el gobierno boliviano y las compañías extranjeras se intensificaron durante la semana que conducía al plazo el 28 de octubre de 2006. Un días antes un acuerdo fue alcanzado con dos de las compañías (incluido Total) y antes del plazo en el resto de sábado de las diez compañías restante (Petrobras y Repsol YPF, entre ellas) el funcionamiento en Bolivia también había venido a un acuerdo. Los detalles completos de los nuevos contratos no se había dados a conocer, pero el objetivo de levantar por parte del gobierno de réditos de los dos campos principales a partir de 60 por ciento a 82 por ciento parece haber sido alcanzado. La parte del rédito para el gobierno de campos de menor importancia se fija en 60 por ciento.

Referencias

  • Cronología [1]

Véase también

Octubre de 2003 "El principio del fin de la democracia"

Enlaces externos


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