Colonización agraria en Andalucía


Colonización agraria en Andalucía

Se conoce como colonización agraria en Andalucía al proceso de asentamiento, por parte del Estado, de agricultores en zonas que se transformaban de secano a regadío, mediante la concesión de parcelas cultivables y viviendas públicas. Este proceso se produjo, sobre todo, durante la dictadura de Franco, a través del Instituto Nacional de Colonización, creado el 18 de octubre de 1939.

Algunos autores consideran que esta política tuvo sus antecedentes en la Ley de Colonización y Repoblación Interior de 1907, y en la posterior Ley de Obras de Puesta en Riego, de 1932, ya durante la Segunda República.[1]

Contenido

Organización jurídico-institucional

El objetivo del Instituto Nacional de Colonización (INC) era la transformación productiva a través de la puesta en riego y el asentamiento de colonos que, en el futuro, se convertirían en propietarios de sus fincas. Este objetivo se reguló mediante la Ley de Bases para la Colonización de Grandes Zonas Regables, de 1939, que estuvo viegente hasta 1949, fecha en que fue sustitutida por la Ley de Colonización y Distribución de la Propiedad de las Zonas Regables.

El grueso de las actuaciones del INC se produjeron entre 1959 y 1971, año en que fue sustituido por el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), que tiende a abandonar la política de colonización, para impulsar preferentemente la concentración parcelaria.

Aspectos sociales y económicos

Según expresa el profesor Ventura Fernández, "la filosofía de la puesta en riego y la colonización no era otra que la transformación de tierras de secano en espacios regados mediante la ejecución de embalses y su correspondiente canalización".[2] Naturalmente dicha política suponía una revalorización importante de las tierras de labor afectadas, lo que justificaba la expropiación de tierras a los antiguos propietarios y su reparto a los colonos. Sin embargo los principales beneficiados fueron precisamente los antiguos propietarios, pues a cambio de perder una pequeña parte de sus tierras, usualmente las de peor calidad, obtuvieron la conversión en regadío y revalorización de la mayor parte de sus fincas.[3] [4] Por ejemplo, en la provincia de Jaén, del total de tierras que se vieron afectadas por la colonización, apenas una cuarta parte se calificaron como tierras en exceso, esto es, como superficie expropiable susceptible de entregarse a nuevos colonos, mientras que el 40,1% se reservó a sus propietarios y el tercio restante se declararon exceptuadas por diferentes motivos.[5]

Esta política suponía la construcción de viviendas públicas para alojar a los colonos. Aunque inicialmente se pretendió impulsar las vivendas aisladas, vinculadas directamente a la parcela agrícola, la realidad es que esta posibilidad quedó pronto limitada, debido al coste de dotar a estas viviendas de los servicios necesarios, y a las dificultades del transporte y comunicaciones propias de la época.[6] En su lugar, se optó por la creación de nuevos pueblos, implantados junto a la zona agrícola, con un esquema básico que establecía un asentamiento por cada 20 km2, determinado por un radio de 2,5 km. Según algunos autores, se perseguía además el aislamiento de los colonos respecto de la inestabilidad social de los pueblos andaluces históricos, a la vez que consolidaba una visión tradicional de la propiedad de la tierra.[7] En escasas ocasiones, por ejemplo en Espeluy, también se construyeron viviendas en núcleos ya existentes, como barriadas integradas.

En líneas generales, la política de colonización en Andalucía fracasó como consecuencia de su incapacidad para asegurar un desarrollo económico sostenible, además de los problemas sociales derivados de su dirección inversa respecto de la tendencia de concentración poblacional de la época, y del hecho de que la falta de tierra adicional imposibilitaba el crecimiento de los núcleos creados, incluso del crecimiento vegetativo, pues los hijos emancipados no podían obtener ni casa, ni tierra nueva.[8] En 1975, cuando se dio por cerrada la política de asentamientos, se habían construido en total, en Andalucía, 101 núcleos de población nuevos, con 8.622 viviendas, además de otras 448 viviendas dispersas. La provincia de Jaén, con 22 poblados, fue la que concentró mayor número de intervenciones, seguida de Sevilla, con 19, aunque ésta superó el número de viviendas de aquella (2.233 por 1.959).

Núcleos de población de colonización

Esta es una enumeración, no exhaustiva, de los núcleos poblacionales creados:

Véase también

  • Plan Guadalhorce.

Referencias

  1. Ortega, Nicolás: Política agraria y dominación del espacio, Ed. Ayuso, Madrid, 1979
  2. Ventura Fernández, Jesús: Pasado y presente de la política de población y poblamiento en Andalucía, en Geografía de Andalucía, VII, Ed. Tartessos, Cadiz 1990, ISBN 84-7663-012-3, pag. 261
  3. Araque Jiménez, Eduardo: La política de colonización en la provincia de Jaén. Análisis de sus resultados. Instituto de Estudios Giennenses, Jaén 1983
  4. Reguera Rodríguez, A.: Transformaciones del espacio y política de colonización. El Bajo Guadalquivir. Ed. Universidad de León, Fuenlabrada 1986
  5. Araque Jiménez, Eduardo; Sánchez Martínez, Jose D.;Gallego Simón, Vicente;Garrido Almonacid, Antonio: Balance de la actuación del Instituto Nacional de Colonización en la provincia de Jaén, en Investigaciones Geográficas, nº 41 (2006), Instituto Universitario de Geografía Universidad de Alicante, ISSN: 0213-4691, pp. 5-32. Puede consultarse en [1]
  6. Ventura Fernández: op.cit., pag. 264
  7. Reguera Rodríguez, A: Criterios para la distribución del hábitat en regadíos de realización estatal. El caso delBajo Guadalquivir, en Revista de Estudios Andaluces, nº2, Ed. Universidad de León, Utrera, 1984
  8. Ortega, Nicolás: op.cit.

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